La fiscalidad de los países siempre es una cuestión de gran debate, sobre todo en etapas de precampaña o campaña electoral. Los liberales siempre tenemos una cosa clara: el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes. Eso no implica que debamos obviar que ciertos tributos resultan más nocivos que otros, y que cada impuesto tiene un nivel de incidencia diferente sobre la economía. Es muy importante resaltar esto debido a la innovación fiscal por la que se han decantado los partidos situados a la izquierda del espectro político. No deberían ustedes sorprenderse. Para los intervencionistas el ciudadano se asemeja a un cajero automático del que extraer fondos para destinar a gasto suntuario y político. Para ello, la izquierda política y mediática de este país se ha congeniado para promover la introducción de nuevos impuestos en España.
Pero ¿qué efecto tendrían dichos impuestos sobre la economía española, en caso de ser finalmente implementados por un gobierno socialista? Eso mismo es lo que Javier Santacruz y un servidor hemos investigado y presentado en este informe conjunto, promovido por los think-tanks Civismo y Acción Liberal. Dicho estudio investiga medidas de carácter fiscal, promovidas por el PSOE.
1. Tipo mínimo del Impuesto de Sociedades
Los impuestos al trabajo, principalmente el IRPF, y a las empresas, como el Impuesto de Sociedades, no son en absoluto bajos en España. Según datos de la OCDE España es un país con una fiscalidad al trabajo elevada, siendo la brecha fiscal (diferencia entre el coste asumido por la empresa y retribución recibida por el trabajador) de un 39,38%, frente a un 36,06% de media de la OCDE. Por lo tanto, resulta meridianamente claro, que el PSOE se está alejando del marco de la racionalidad y eficiencia económica, para adentrarse en un grave populismo y oportunismo fiscal, construyendo su discurso electoral sobre medidas que, en caso de ser aplicadas, tendrían devastadores efectos sobre el crecimiento y el progreso socioeconómico de nuestro país, tal y como se indica en el estudio antes mencionado.
Pero la izquierda no se detiene ahí. Continúa con su política de panem et circenses respecto al Impuesto de Sociedades. Y no, España tampoco tiene un Impuesto de Sociedades bajo atendiendo a datos de la Unión Europea. España ocupa el quinto puesto de la UE respecto a la factura fiscal total de las empresas. Todas pagan alrededor, o más, del 50% de sus ingresos en impuestos. Las pequeñas empresas pagan un 49,67% de su beneficio bruto, las medianas un 51,01%, y las grandes empresas (que en España brillan por su ausencia) tributan de media un total del 61,57% de sus ingresos. Un autentico sablazo fiscal. No contentos con esto, el PSOE pide implementar un tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes corporaciones, siendo este del 18% en el caso de tratarse de empresas situadas en el sector bancario o de hidrocarburos. Dicha medida, desincentivaría la reinversión en capital de las empresas, así como la innovación futura, a la vez que incentivaría una fuga de capitales de España hacia sistemas fiscales más propicios al crecimiento y desarrollo empresarial.
2. La 'Tasa Tobin'
En segundo lugar, otra de las medidas tributarias propuestas por el PSOE y analizada en el informe ha sido la referente a la implementación de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), conocido popularmente como Tasa Tobin. Dicho tributo fue declarado ilegal en la UE por el servicio jurídico del Consejo Europeo, tras haber sido rechazado por 16 países. La Tasa Tobin en España, tal y como ha señalado el PSOE en diversas ocasiones (al presentar el proyecto de PGE 2019 de la mano de Unidas Podemos) supondría un gravamen del 0,2% sobre operaciones financieras que incluyan activos de renta variable de empresas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Dicho tributo no es nuevo en Europa, y por ello, en el informe se estudian los casos históricos de Francia y Suecia, y como estos resultaron ser un asalto al pequeño ahorrador, mermaron la liquidez de los mercados, e incluso generaron efectos adversos sobre la volatilidad de los índices. Un fracaso absoluto.
3. La Tasa Google
Por último, se analiza el efecto que tendría el Impuesto sobre determinados servicios digitales, comúnmente conocido como Tasa Google, sobre la economía española. Dicho tributo se aplicaría a todas aquellas empresas proveedoras de servicios digitales cuya cifra de negocios supere los 750 millones de euros en el año natural anterior, y que operen en España, así como sobre aquellas cuyos ingresos derivados de prestaciones de servicios sujetas al impuesto en España estén por encima de los tres millones de euros en el año natural previo. Este gravamen sería de un 3%, y como se puede comprobar en el estudio, su efecto sobre la economía sería devastador. Las experiencias previas de otros países demuestran que dicho tributo acaba repercutiéndose sobre el usuario final, a la par que reduciendo el beneficio operativo de las empresas usuarias de servicios digitales.
Por todo ello, los partidos políticos que se encuentren en defensa de la libertad económica y el progreso han de oponerse a dichos nuevos tributos y medidas fiscales. La política económica ha de ir encaminada hacia la búsqueda de la eficiencia y la racionalización del gasto público, para lograr así una mayor atracción de capital y reinversión empresarial, generando mayor empleo y altas tasas de crecimiento. Pero, ante todo, siempre en defensa de la libertad.