El porcentaje de personas que reconoce tener "grandes dificultades" para llegar a final de mes se ha incrementado en 2018. Aunque la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez vino acompañada de una intensa retórica sobre la necesidad de promover una agenda económica más "social", lo cierto es que este indicador ha subido del 9,5% al 10,4% entre 2017 y 2018, tal y como acredita el último informe del Instituto Nacional de Estadística.
Estos porcentajes se traducen en cifras absolutas muy significativas. Si tenemos en cuenta los datos de población que ofrece el INE, vemos que pasar del 9,5% al 10,4% implica subir de 4.432.553 a 4.881.202 afectados. Por lo tanto, el curso 2018 no solo no contribuyó a mejorar los datos de inclusión económica, sino que se cerró con un crecimiento de 448.649 personas en el número de españoles que llega a fin de mes con "grandes dificultades".
En los años anteriores, la evolución de este indicador había sido razonablemente favorable. Tras alcanzar un 18,6% en 2013, este indicador cayó hasta el 9,5% a lo largo del curso 2017. Sin embargo, el dato para 2018 vuelve a reflejar un cambio a peor, precisamente coincidiendo con un cambio de gobierno que, según la retórica oficialista, debería haber resultado en una mejora más acusada de estos indicadores que, sin embargo, cambian a peor.
Subre la pobreza, medida como carencia material
También se ha producido un deterioro en los datos que van más allá de las estrecheces económicas y miden la pobreza en términos absolutos. Se trata de las estadísticas de "carencia material" y "carencia material severa". Ambos indicadores toman referencia siete indicadores básicos, referidos a cuestiones más o menos básicas como el poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado tres veces por semana, poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada o tener un colchón de al menos 700 euros para enfrentar gastos imprevistos.
Pues bien, en los dos indicadores se ha producido un cambio a peor en 2018 respecto a 2017. Pese al discurso del gobierno socialista, que habla continuamente de la "lucha contra la pobreza", lo cierto es que la carencia material subió del 12,8% al 13,9% bajo gobierno de Pedro Sánchez, mientras que la dimensión severa del indicador de pobreza aumentó del 5,1% al 5,4%.
Para ser exactos, el salto en el número de afectados por la carencia material fue de 5.972.281 a 6.523.914, lo que supone 551.633 personas más. Si hablamos de carencia material severa, cifra generalmente aceptada como una medición del alcance de la pobreza absoluta, encontramos un aumento de 2.379.581 a 2.534.470 afectados, lo que implica un aumento de 154.889 personas.
Resulta especialmente llamativo que se haya producido un aumento en 2018, puesto que la evolución en los años anteriores era positiva. Así, la carencia material bajó del 16,3% al 12,8% de la población entre 2012 y 2017, mientras que la dimensión severa del indicador cayó del 5,8% al 5,1% durante dicho periodo. Ciñéndonos solamente al más corto plazo, vemos que ambas cifras habían bajado del 15,2% y el 5,8% en 2016 al 12,8% y el 5,1% registrado en 2017, para subir ahora al 13,9% y al 5,4%, rompiendo así la tendencia a la baja y mostrando una creciente brecha entre el discurso del gobierno y la realidad socioeconómica.
Un indicador más fiable
Es importante subrayar que la tasa de carencia material, severa o no, se diferencia de los indicadores de pobreza relativa en la medida en que no es un indicador de desigualdad, sino de la situación real de las personas. Así, la tasa de pobreza relativa que tanto emplean organizaciones como Intermón Oxfam, se limita a comparar cuántos ciudadanos se quedan por debajo de un determinado porcentaje de la renta mediana (por lo general, el 60%).
Este tipo de metodología conduce después a titulares alarmistas, con estudios que afirman, por ejemplo, que "uno de cada cinco españoles están en riesgo de pobreza o que "el 20 % de los madrileños están en riesgo de pobreza o exclusión social". Sin embargo, la medición de la carencia material severa se ajusta mucho más a la realidad de la pobreza, en la medida en que analiza la capacidad de alcanzar un nivel de vida básico en términos de renta, alimentación y condiciones básicas de vida.