¡La ofi manda no tu panda!, ¡Esther Argerich fuera del barrio!, ¡paremos el desahucio!, ¡Livia y Juan se quedan!, son los mensajes desafiantes que han gritado decenas de manifestantes a las puertas de la casa de la propietaria señalada por Irene Montero. La acusación pública con nombre y apellidos contra una arrendadora de un piso en Barcelona ha provocado que decenas de vecinos comiencen la campaña de acoso y derribo contra Esther Argerich, hasta ahora, desconocida.
Las movilizaciones han sido convocadas por las plataformas Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia y el Sindicato de LLogateres. Livia y Juan, los inquilinos okupas han estado presentes durante la convocatoria en el barrio. Azuzados por otros diputados de Unidas Podemos como Rafa Mayoral o Ione Belarra, los allí presente han prometido que los arrendatarios no pagarán la subida de 300 euros que ha solicitado la dueña de la casa.
Livia y Juan, una pareja con tres hijos, venía pagando 1.000 euros en un inmueble situado en Travessera de Gracia desde hacía doce años. La casera no les había subido el alquiler hasta este momento. Ellos se han plantado y dicen que "de allí ni se van ni van a pagar más". Por si fuera poco, desde Podemos han desvelado con carácter inquisitorial el nombre de la dueña de la vivienda, y le han exigido con un habitual estilo estalinista, "que no aplique esa subida de alquiler y les mantenga el precio a Livia y Juan", dirigiéndose a Argerich públicamente.
"Hemos decidido quedarnos a luchar por nuestra vivienda", insiste Livia durante la protesta. Según el Sindicato de Llogateres, la propietaria ya ha interpuesto una demanda y la fecha de lanzamiento estaría prevista para el 8 de Abril de 2020. Sea como fuere, ya han avisado que de allí no se moverán, y las plataformas pro okupación han anunciado que van a evitar el desahucio, sí o sí.
Confusión con otra propietaria
Tal ha sido el terremoto ocasionado por Podemos, que decenas de tuiteros se han lanzado a amenazar a una Esther Argerish que no era la propietaria a la que se refería Irene Montero. La peligrosidad de acusar con nombres y apellidos se ha hecho patente en los días que lleva padecidos la otra Esther Argerish. Se trata de una hotelera con una alojamiento rural que aparecía en el primer lugar de las búsquedas de Google. Rápidamente, las hordas se han lanzado contra ella. Así, sin más.
"Lo hemos pasado fatal porque de repente hemos visto que aparecían muchos comentarios negativos de nuestro hotel. No sabíamos qué pasaba. Llevamos toda la tarde hablando con usuarios para explicarles que esa Esther no soy yo", comenta la dueña del hotel rural a Libre Mercado.
En este sentido, la hotelera se ha solidarizado con la verdadera Esther Argerish, ¡no me quiero imaginar lo que tiene que estar pasando esa mujer!, ¡qué horror, pobrecita!, exclama. Por suerte, en estos momentos, la mujer nos asegura que ya ha conseguido calmar la confusa tempestad que se ha desatado con su nombre.
Irene Montero contesta
Por su parte, y en medio de toda la polémica Montero ha querido justificar su comportamiento pidiendo perdón a la mujer afectada, que no es la Esther de la que ella hablaba. Insta, además, a los medios de comunicación a que corrijan la información en la que explica que la podemita está haciendo "algo ilegal". Sin embargo, y tal y como ha informado Libre Mercado, Irene Montero, sí podría estar incurriendo en un delito denunciable por la implicada.
Hay medios de comunicación que en plena campaña electoral me acusan de hacer algo ilegal. Les he pedido que rectifiquen. Lo cierto es que me he solidarizado, junto a otros compañeros, con una familia a la que iban desahuciar por una subida abusiva de su alquiler.
Abro hilo p> — Irene Montero (@Irene_Montero_) October 23, 2019
Familias víctimas
La paralización de los desalojos viene siendo la práctica habitual de las plataformas antidesahucios. Cuentan con abogados que asesoran a los okupas y conocen cómo las leyes españolas siempre favorecen a los usurpadores.
Además, la logística previa al desahucio es siempre la misma. Campaña de acoso en redes sociales, revelación de identidad de los propietarios, cartelería en el barrio anunciando los nombres y apellidos de los dueños, y, en definitiva, toda una maquinaria humana en marcha con el objetivo de destruir moral y psicológicamente a la parte arrendadora.
Una víctima de estas estrategias propias del comunismo fue la familia de los Aguado. El portavoz de los propietarios madrileños víctimas de estos colectivos, denunció a este diario que estaban siendo acosados y amenazados tanto por los okupas, como por los antidesahucios.
Su drama aún era mayor ya que necesitaban el dinero que no les pagaban los inquilinos para hacer frente económicamente a la grave situación que vivían. Una de las hermanas era discapacitada y la madre de tenía 90 años y estaba enferma. Sin embargo, el movimiento okupa siguió hostigando a los Aguado colgando carteles con sus caras por todas las farolas de la calle Argumosa en Madrid.