Irene Montero ha incendiado las redes sociales con un vídeo en el que desvelaba el nombre y apellido de una propietaria que había cometido la osadía de querer cobrar por el alquiler de su vivienda el precio que considere oportuno. Según el testimonio de la portavoz de Podemos, los inquilinos llevaban 12 años pagando 1.000 euros al mes de renta, sin haber sufrido subidas, y es ahora, cuando la dueña ha decidido encarecer la mensualidad hasta la "abusiva" cantidad de 1.300 euros.
"Le pedimos a Esther Argerich que negocie un alquiler justo para que Livia y Juan puedan seguir viviendo en el barrio con sus tres hijos y en la casa que llevan viviendo 12 años", exigía Montero en un vídeo que publicaba ayer martes en su cuenta de Twitter. Pero esta imposición a la dueña no era la única que salía del partido de Pablo Iglesias. La Portavoz Adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, o el Diputado en el Congreso, Rafael Mayoral, también publicaban sendos vídeos en los que exponían la privacidad de la propietaria de la misma manera. Mientras tanto, la cuenta oficial de Podemos se hacía eco de la campaña emprendida por los miembros de su partido y compartía los vídeos en las redes sociales. Todo parece indicar que se ha tratado de un plan orquestado desde el partido.
Livia, Juan y sus tres hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a la propietaria de la casa, Esther Argerich, que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio en el que llevan viviendo 12 años. #LiviaYJuanSeQuedan pic.twitter.com/nDI57QrGgg
— Irene Montero (@Irene_Montero_) October 22, 2019
Derecho a la privacidad
En Libre Mercado hemos consultado a diferentes expertos en privacidad y protección de datos para averiguar si esta especie de linchamiento digital a la propietaria es legal. Todos consideran que la publicación de los datos de la dueña de la vivienda quebranta diferentes derechos, aunque no todos coinciden en cuáles son esas vulneraciones. La delegada de protección de datos de Legálitas, Sara García, explica que "ni ellos (Montero o Mayoral), ni el partido forman parte del contrato de arrendamiento ni tampoco tienen relación alguna con la propietaria, por lo que no pueden publicar sus datos. Si lo hiciera la inquilina sería diferente, pero ellos no". La experta critica además que "estén presionando a una persona por un hecho que es completamente legal, que es establecer un precio de alquiler nuevo una vez se haya terminado el contrato".
García asegura que "ninguno de ellos tiene legitimidad para hacer ese tratamiento de datos. Como políticos, están en su derecho de querer cambiar la normativa de arrendamientos, pero es innecesaria la publicación de la identidad de la dueña", que por otra parte, tiene un apellido suficientemente singular para ser identificada "de manera sencilla". La abogada considera que, en este caso, se está atentado contra "el derecho a la privacidad" que ampara la Agencia de Protección de Datos. "Ella podrá pedir perjuicios" por la vía administrativa, "haciendo una reclamación o hasta la propia Agencia podría actuar de oficio, ya que al tratarse de políticos, se considera una institución y la viralidad del vídeo sale del ámbito doméstico", concluye García.
Derecho al honor
Leonardo Núñez, socio de Audens, un despacho de expertos en derecho tecnológico, duda de si la Agencia de Protección de Datos intervendría en este caso "porque no está claro si ha habido un tratamiento de los datos. Si se demuestra que el partido y sus miembros están actuando de forma ordenada, recaban datos y tienen un registro de datos de propietarios de vivienda, entonces sí. Si han soltado el nombre de la dueña al azar, entonces no".
"Lo que tengo claro es que esta difusión de los datos vulnera el derecho fundamental a honor de esta propietaria porque se la está criticando y menoscabando su propia estimación. Se está exponiendo su nombre, sin su consentimiento, para que, si no negocia, se la critique. Y por parte de unos políticos que no forman parte de la relación contractual. Yo veo una intromisión al honor clara", explica Núñez. El abogado cree que Esther podrá pedir una indemnización a los culpables por la vía civil "si demuestra que ha habido perjuicio, por ejemplo, con un informe psicológico y teniendo en cuenta el número de veces que se ha compartido la publicación", informa el abogado. Las sanciones podrían ir "desde la simbólica de 1 euro hasta los 20 millones de euros. No hay un horquilla estrecha, depende del juez", apunta.
"No tienen derecho"
Enfren Santos, el socio de ICEF Consultores, que son abogados expertos en nuevas tecnologías y protección de datos, también considera que Irene Montero y sus compañeros de partido "se extralimitan a la hora de introducir el dato de la casera. La cuestión está en si ese dato es relevante y en si esta señora ha dado su consentimiento, y todo parece indicar que no".
Santos recomienda a la afectada denunciar por la vía civil "por la utilización de su identidad" y "con denuncia subsidiaria a todos los que han compartido el vídeo, como el partido Podemos". El abogado explica que "habrá que ver si el dato sale de ellos, que es peor, o si ya estaba publicado en algún lado". De lo que no hay duda es de que "un político, bajo su cuenta de político, no puede involucrar a una persona ni exponerla al ataque de miles de seguidores. No tiene derecho".
"Es una barbaridad"
Quien también ha querido pronunciarse sobre el asunto ha sido el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo. En un comunicado, Zurdo ha denunciado que "es una auténtica barbaridad iniciar escraches públicos contra propietarios como están haciendo algunos líderes de Podemos a una propietaria de Barcelona por intentar subir de forma legítima la renta de alquiler después de 12 años congelada. Confunden y mezclan de forma deliberada los arrendamientos públicos con los arrendamientos privados".
Zurdo avisa de las consecuencias del "acoso" a los propietarios. "Si al arrendatario le molesta que le suban la renta de forma legítima, pues ya sabe lo que tiene que hacer, que es buscarse otra vivienda. Con estas políticas de acoso a los arrendadores, lo único que van a conseguir es que saquen menos casas al alquiler, disminuya la oferta de viviendas y sigan subiendo los precios. Si queremos que el alquiler funcione hay que respetar las reglas del juego que nos hemos dado y para eso tenemos la Ley de Arrendamientos Urbanos que nos indica cómo y cuándo pueden subirse las rentas por lo que si un propietario decide subir la renta de acuerdo con la citada ley no puede ser señalado públicamente por ello", concluye.