"No hay atisbo de recesión", decía Rodríguez Zapatero a finales de 2007. Las turbulencias financieras y el pinchazo de la construcción no parecían inquietar lo más mínimo al mandatario socialista. Ya en 2008, conseguida la reelección, el presidente cargaba molesto contra "las exageraciones sobre la situación económica", que tildaba de "antipatrióticas, inaceptables y demagógicas". En 2009, ZP reconocía que España estaba en crisis, pero avisaba de que "lo peor ha pasado ya". El sentido de urgencia no llegó a la Moncloa hasta 2010, cuando la situación era tan grave que se empezaba a hablar del posible "rescate" de España.
Una década después, nuestra economía vuelve a experimentar un deterioro preocupante. El ciclo de crecimiento inaugurado en 2013 empezó a invertirse en 2018 y ha terminado por enfriarse en 2019. Sin embargo, el Gobierno socialista insiste en mirar hacia otro lado y negar la evidencia.
"No hay frenazo de la recuperación", dijo Nadia Calviño cuando se empezó a hablar del tema. "La idea negativa de que viene una nueva crisis no se sustenta con los hechos", afirmó poco después la titular de Economía. "No hay un claro signo de desaceleración", defendió la dirigente gallega a las puertas de las pasadas Elecciones Generales. "Revisaremos las previsiones de crecimiento", anunció la ex alto cargo de Bruselas mediados de verano. "No he dejado de escuchar anuncios amenazadores, previsiones catastrofistas y resultados desastrosos, pero lo cierto es que España está en una fase de crecimiento y todos los expertos prevén que siga siendo así en 2019 y 2020", afirmó Calviño el pasado septiembre.
Pero la evidencia en contra de este discurso optimista es abrumadora. Tras un verano negro para el empleo, los datos de septiembre volvieron a certificar una subida del paro. Los indicadores adelantados avisan de una caída de la actividad que poco a poco se traslada a las cifras de crecimiento. La industria está en crisis y la confianza de empresarios y consumidores evoluciona a la baja. El entorno internacional no ayuda: tensiones comerciales, incertidumbre en torno al Brexit… El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo empezó a reconocer a comienzos de octubre, cuando admitió que "hay riesgo de crisis económica".
Si el ciclo económico confirma su cambio a peor, España enfrentará el deterioro con menos desequilibrios en el sector privado:
- El crack de la construcción dio pie a un necesario ajuste.
- La reforma laboral permitió ajustar los salarios a la realidad económica.
- El salto exportador compensó la caída de la demanda doméstica.
- La reforma bancaria aumentó el peso de los bancos en relación con las cajas de ahorros. La deuda privada se ha reducido con fuerza.
Sin embargo, persisten dos factores de riesgo que no se han mitigado.
No hay margen fiscal
El primero de esos dos factores de riesgo es el precario estado de nuestras finanzas públicas. Las cuentas de las Administraciones están lastradas por una deuda cercana al 100% del PIB. Pagar los intereses asociados a dichas emisiones acarrea anualmente un desembolso cercano a los 32.000 millones de euros. El peso de nuestra deuda pública es tres veces mayor hoy que en 2007.
Lo peor de todo es que, pese a la gravedad del problema, lo cierto es que en 2019 no se han producido avances en materia de consolidación fiscal. España genera uno de cada cuatro euros del déficit de toda la Eurozona, a pesar de que representa menos del 10% de la producción económica de los diecinueve países integrados en la moneda común. Además, el déficit esperado para 2019 es similar al de 2018, de modo que las Administraciones siguen gastando alrededor de 30.000 millones más de lo que ingresan en concepto de impuestos.
El Gobierno insiste una y otra vez en que este desaguisado fiscal obedece a un problema de ingresos. Sin embargo, a pesar de que el paro se mantiene por encima del 14% y de que dos de cada tres empresas están en pérdidas, la Agencia Tributaria recauda hoy más dinero que nunca. Ante esta evidencia, los defensores de una subida impositiva apelan a la comparativa con Europa para justificar su pretensión de subir los impuestos. Y, aunque es cierto que la presión fiscal de nuestro país (41% del PIB) es inferior al promedio comunitario (45% del PIB), lo cierto es que esa diferencia se esfuma cuando ajustamos los datos para tener en cuenta la renta media de cada uno de los países miembros. Haciendo dicha corrección, España aparece claramente por encima del promedio fiscal europeo, como ha demostrado el director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo.
Precisamente el IEE ha publicado recientemente un informe de especial interés para el análisis de nuestro sistema fiscal. Se trata del Índice de Competitividad Fiscal (ICF), un estudio elaborado de la mano de la Tax Foundation de Estados Unidos. El ICF toma como referencia todos los países de la OCDE y compara sus sistemas fiscales para juzgar qué países han establecido reglas más competitivas. España figura en un mediocre puesto 23, con una calificación que supone quedarnos un 8% por debajo de la competitividad fiscal europea.
En cambio, las pesadas estructuras de gasto de nuestras Administraciones siguen sin reformarse. En clave internacional, los indicadores del Banco Mundial (WGI) analizados por BBVA Research muestran que solo cuatro países presentan peores niveles de eficiencia en el gasto público. En clave doméstica, la comparativa entre autonomías revela también grandes diferencias en el coste de servicios públicos como la educación o la sanidad, con el añadido de que muchas de las regiones con mejores resultados figuran también entre las que más dinero ahorran a los contribuyentes. Y no olvidemos que, solo en subvenciones, la AIREF estima que el desembolso anual llega al entorno de los 35.000 millones de euros. Por tanto, aunque el problema de España es de gasto, la buena noticia es que hay margen para gastar menos y gastar mejor, siempre que exista voluntad política de avanzar en dicha dirección.
No hay margen laboral
El segundo factor de riesgo que enfrenta España en caso de caer en crisis es el paro. En 2007, la economía de nuestro país presentaba una tasa de empleo históricamente elevada. El desempeño del mercado de trabajo había sido tan positivo en los años de la burbuja que el Gobierno de Rodríguez Zapatero concurrió a las elecciones de 2008 prometiendo llegar al pleno empleo antes de 2012.
Sin embargo, el desempleo creció de forma galopante durante los cuatro años siguientes, afectando al 26% de los trabajadores y golpeando de forma muy dura a los ocupados de la construcción, los jóvenes y los profesionales menos cualificados. De hecho, el verdadero drama de la crisis laboral española fue su larga duración: aunque la pérdida de empleo arranca en 2007 y solo se empieza a invertir en 2013.
Aunque la evolución del mercado laboral fue mucho más favorable en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, la tendencia ha empezado a invertirse en los dos últimos años. Aunque en 2018 se siguió creando empleo, el ritmo de contratación se suavizó y la firma de contratos indefinidos experimentó una caída progresiva. Peor aún es el comportamiento de 2019, como acreditan los datos de paro del tercer trimestre del año.
Así las cosas, el paro alcanza hoy al 14% de los trabajadores, llegando al 32% entre los jóvenes menores de 25 años. Tenemos dos veces más paro que en 2007 y nos situamos muy por encima del promedio europeo (ronda el 6,5%). De hecho, el paro en España rebasa claramente los indicadores observados en economías vecinas que atraviesan momentos complicados: 10% en Italia, 9% en Francia, 6% en Portugal...