Desde que fue devuelto al Gobierno el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 en febrero de este año, el Ejecutivo de Sánchez se había negado a transferir a las regiones los fondos que él mismo les había comunicado en julio de 2018. Durante meses ha esgrimido que le era imposible hacerlo al no haber presupuestos que lo respaldasen, llegando a aludir a un informe negativo de la abogacía del Estado que venía a decir que un gobierno en funciones no podía transferir dicha cantidad porque no podía comprometer decisiones de un futuro gobierno.
La LOFCA dice que las CCAA deberán recibir fondos de la Administración General del Estado para poder prestar los servicios derivados de las competencias que tienen transferidas. Por su parte, la LO 22/2009, de 18 de diciembre, del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), establece la metodología de cálculo. Así, las entregas comunicadas cumplen con la LOFCA y han de cumplir también con la metodología de la Ley del SFA, de manera que no hay nada subjetivo ni opinable en ello. Cualquier gobierno que surja de las elecciones tendría que transferir dichas entregas.
Dicho informe ha sido ahora rectificado por la mismísima Abogada General del Estado. La ministra Montero dice que el Gobierno no ha cambiado de posición, sino que han cambiado las circunstancias. Los argumentos que esgrime son chapuceros: así, en primer lugar, dice que como va a haber elecciones y no se podrá formar gobierno antes de fin de año, no compromete al futuro ejecutivo.
Eso es falso. Primero, porque podría haber gobierno antes, aunque muy ajustado en plazo. Y en segundo lugar, porque sí que lo comprometería, según su propio criterio anterior, ya que no es más que un anticipo que se liquida dos años después, donde es de esperar que haya ya gobierno formado. Además, dice que ahora las dificultades de las CCAA serán mayores, porque el grueso de los pagos se concentra a final de año. No se sabe cómo gestionaría la ministra cuando era consejera de Hacienda de Andalucía, pero las regiones van pagando a lo largo del año, sin nada que incremente especialmente el ritmo de pagos, salvo la paga extraordinaria a sus empleados públicos, cosa que también sucede en julio, cuando parece que no le preocupaba a la ministra. Además, aunque eso fuese cierto, si es legal el pago de las entregas a las CCAA se podría hacer siempre, y si no lo fuere no sería un eximente que estuviesen más asfixiadas. O se puede o no se puede, pero con argumentos legales, no con ocurrencias como las mencionadas por la ministra.
Así, el viernes, el Consejo de Ministros confirmó la rectificación y aprobó un RDL para desbloquear el pago de las entregas a cuenta de 2019 comunicadas a las CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio de 2018. Entonces, el montante aprobado para las regiones de régimen común fue de 102.855,67 millones de euros, que al sumar las dos ciudades autónomas ascendía a 102.920,48 millones de euros. El Gobierno nunca publicó en la web el desglose por regiones, pero sí comunicó la cifra total como nota de prensa del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 31 de julio de 2018, como se puede comprobar en la web de La Moncloa. No obstante, dicho desglose sí que lo hizo el diario El País, tal y como publicó el uno de agosto de 2018.
Pues bien, lo asombroso no es ya el constante cambio de criterio del Gobierno de Sánchez al son de la música electoral que toque, sino que se ha producido un hecho que nunca había sucedido. Así, Sánchez ha recortado las entregas a cuenta con el RDL que el viernes aprobó el Consejo de Ministros respecto de las únicas entregas que el mismo Gobierno les comunicó en julio de 2018 a las CCAA. Entonces, el importe fue de 102.855,67 millones de euros, como antes se ha destacado, y ahora esa cifra se recorta en 120,75 millones de euros, para dejarla en 102.734,92 millones de euros, como se puede comprobar también en la web de La Moncloa, en la referencia del Consejo de Ministros
Esto es inédito, porque el proceso habitual es comunicar las entregas del siguiente año en julio del año corriente y confirmarlas en octubre de ese mismo ejercicio, cosa que tampoco sucedió en octubre de 2018, pero nunca, jamás, han sufrido variación alguna entre la cifra comunicada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio y la contemplada en el proyecto de Presupuestos, que es la que se confirma en octubre. La excepción la encontramos en 2012, pero en condiciones no comparables, porque el Gobierno de Zapatero comunicó en julio de ese año unas entregas calculadas con un crecimiento de la economía superior al 2% y al llegar Rajoy se encontró con un mal cálculo de dichas entregas, pues la economía terminaba cayendo ese año un 3%. Ahora, sin embargo, el Gobierno las recorta en esos 120,75 millones de euros sin dar explicaciones y estando en funciones, elemento, el del recorte de esa cifra sobre la comunicada, para la que parece que no ha sido un impedimento el estar en funciones, siendo la variación por regiones la que recoge el siguiente cuadro.
Y ahí podemos comenzar a comprobar cosas sorprendentes. Por ejemplo, que pese a la caída global de 120,75 millones de euros, Cataluña no pierde nada (mejora 1,26 millones), que Extremadura tampoco pierde, ni Castilla-La Mancha, ni Asturias, ni Cantabria, de donde procede el único apoyo que le llegó a Sánchez en la investidura, ni Baleares, que gana 2,23 millones.
Así, Valencia es la que más mejora en valores absolutos (10,26 millones de euros) y la que, junto con Baleares, también ve crecer más los recursos que recibe en términos porcentuales (un 0,11% cada una de las dos regiones gobernadas por los socialistas).
De esa forma, salvo el caso de Galicia, todas las regiones que mejoran son comunidades no gobernadas por el PP y sólo Canarias y La Rioja están gobernadas por los socialistas de entre las regiones que pierden.
De esa forma, el ajuste de todas las CCAA del PP suman un recorte de sus fondos en 119,86 millones de euros, casi el total de los 120,75 millones de euros de todas las regiones de régimen común, el 99,26% de ese montante global.
Y dentro de eso, ¿quiénes son las más perjudicados en valores absolutos? Tres de las principales regiones del PP: la Comunidad de Madrid, con 53,65 millones de euros menos; Andalucía, con 52,18 millones menos; y Murcia, con 18,04 millones menos. En total, a estas tres regiones del PP les recortan 123,87 millones de euros, todavía más que lo que recortan al conjunto de CCAA.
Así finaliza el Gobierno de Sánchez su representación de este tema de las entregas a cuenta de 2019:
- No comunica las de 2020: con lo que dejan a ciegas a las CCAA para elaborar sus presupuestos de ese ejercicio, pues las liquidaciones de 2018 para recibir en 2020 constituyen sólo alrededor del 5% de sus ingresos sometidos a entregas a cuenta y liquidación. No es cierto que esto les permita, como dice el Gobierno, hacer los presupuestos regionales con certidumbre lógica.
- Cambia de criterio con argumentos vacíos y sin sostén sólido: en base a la LOFCA y a la Ley del Sistema de Financiación Autonómica no debería haber tenido problema para haber transferido esos importes hace meses.
- Modificación inédita de unas entregas a cuenta comunicadas: con recorte de las mismas, especialmente a casi todas las regiones gobernadas por el PP.
Ahora, sólo hace falta ver cuándo pagan esas entregas recortadas pues cada minuto que pasa hay empresas que dejan de recibir a tiempo los fondos por los servicios prestados a las comunidades autónomas, debido a la asfixia financiera que el impago de las entregas desde el Gobierno de España está provocando a las regiones, que no pueden pagar a tiempo a sus proveedores, y eso supone cierre de empresas, pérdida de empleos y disminución de la prosperidad. Esperemos que Sánchez y Montero no demoren más el proceso.