El Instituto de Estudios Económicos y la Tax Foundation han publicado este lunes el Índice de Competitividad Fiscal, un estudio anual que evalúa los sistemas tributarios de la OCDE y los jerarquiza dependiendo de su mayor o menor atractivo para las empresas y los trabajadores. Entre las más de cuarenta variables estudiadas, el documento considera el tipo de cada impuesto, sus bases imponibles o las deducciones y exenciones vigentes.
Según la edición de 2019, España ocupa un mediocre puesto 23 en el ICF, con una nota de 60,3 puntos sobre 100 que nos sitúa lejos de las posiciones de partida. Esta posición podría verse revisada a la baja en 2020 si se introducen las medidas fiscales propuestas por el gobierno socialista en funciones, que aboga por introducir una tasa digital, un impuesto a las transacciones financieras y un recargo al diésel.
El IEE y la Tax Foundation estiman que la introducción de los aumentos fiscales defendidos por Sánchez haría retroceder a España hasta el puesto 28 de la lista, como mínimo. Por lo tanto, el "bloqueo" político ha contribuido a evitar dicho deterioro, si bien ese efecto aparentemente positivo queda neutralizado por la incertidumbre inherente a un clima político marcado por la ausencia de gobernabilidad.
De acuerdo con el informe, las debilidades del sistema fiscal español no están tanto en el IVA o el IRPF como en el Impuesto de Sociedades y los impuestos sobre la propiedad. El tributo sobre los beneficios empresariales ha sufrido más de doscientos cambios durante la última década y su tipo general, del 25%, está por encima del promedio mundial, europeo y de la OCDE. En cuanto a los gravámenes aplicados sobre la propiedad, España mantiene el Impuesto de Patrimonio y sigue sin eliminar completamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, al contrario de lo observado en otros países de nuestro entorno.
Durante el último año se han producido cambios importantes en otros países. Reino Unido sigue escalando puestos y ya está en el número 25, gracias a una ampliación de las deducciones del Impuesto de Sociedades. Irlanda pierde atractivo y recala en el puerto 14, debido a las nuevas reglas internacionales de su fiscalidad empresarial. Y Australia y Nueva Zelanda confirman su creciente apuesta por la competitividad tributaria, convirtiéndose en los dos países que más han mejorado sus resultados respecto a 2018 y repitiendo en las posiciones de salida del índice.
Los bálticos dan ejemplo
Por sexto año consecutivo, Estonia repite como el país con un mejor código tributario de toda la OCDE. El informe explica que su elevada puntuación viene explicada por cuatro motivos:
- Su tipo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades, del 20%, se aplica solamente sobre los beneficios distribuidos, de modo que la reinversión del beneficio exime totalmente del pago de este gravamen.
- Dispone de un tipo plano o flat tax del 20% en el Impuesto sobre la Renta, dejando fuera de dicha tributación los ingresos obtenidos por dividendos.
- El Impuesto de Bienes Inmuebles considera solo el valor del terreno, sin entrar a estudiar el precio de cada propiedad.
- El código tributario estonio sigue un principio puro de territorialidad, lo que deja libre de impuestos el 100% de los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas nacionales.
Los países vecinos han tomado nota del modelo estonio y han apostado por reformas fiscales que avanzan en la misma dirección. Letonia ha adoptado recientemente el modelo de Estonia para su impuesto sobre sociedades, mientras que Lituania ha introducido un tipo del 15% en la tributación de los beneficios empresariales.
También salen bien parados los sistemas impositivos de Suiza, Luxemburgo, Suecia, Países Bajos o República Checa, que entran en el top diez junto a los bálticos, Nueva Zelanda y Australia. Por el contrario, las posiciones de cola son para Francia, Polonia, Italia y Portugal, cuyas puntuaciones oscilan entre los 43 y los 47 puntos sobre 100.