Los malos datos económicos siguen acumulándose. Hace meses, Libre Mercado alertaba de la fuerte caída que venía observándose en la actividad y la entrada de pedidos en la industria. Esta tendencia se ha confirmado a lo largo del verano. De hecho, la publicación del Índice de Producción Industrial de agosto apunta a un descenso de la producción del 0,5%, confirmando la crisis del sector industrial.
En segundo lugar, también ha llegado la preocupación al ámbito inmobiliario. Fotocasa confirma que el precio de la vivienda de segunda mano retrocedió un 1% en el tercer trimestre del año, frente al aumento del 2% experimentado en el mismo periodo de 2018. Por otro lado, el volumen de transacciones cerradas de julio a septiembre, que cae un 3,5%, según el servicio de estudios de Bankinter, y la compraventa de casas se desplomó un 21,1% en agosto en relación al mismo mes de 2018, hasta sumar 35.371 operaciones, su cifra más baja en un mes de agosto desde 2015, según el INE.
Todos estos indicadores certifican el cambio a peor del ciclo económico. En tercer lugar, resulta esclarecedor comprobar la evolución de las previsiones de la OCDE. Mientras que la organización con sede en París argumentaba en noviembre de 2018 que España estaba "navegando mejor que Europa en las aguas de la desaceleración", su informe de octubre de 2019 apunta todo lo contrario y subraya que nuestra economía se está fatigando el doble que la Eurozona. En este sentido, también Funcas rebajaba ayer miércoles la previsión de crecimiento para España, hasta el 1,9% del PIB este año.
En cuarto lugar, ni que decir tiene que el mercado de trabajo ha empezado a acusar el enfriamiento productivo. En julio, agosto y septiembre se destruyó empleo, alcanzándose tasas de aumento del paro que no se veían desde los peores momentos de la crisis. No solo eso: el empleo indefinido cae un 5% en los nueve primeros meses de 2019 y ha llegado a acumular varios meses seguidos en números rojos.
En clave fiscal y en quinto lugar, la situación actual es mucho más desfavorable que la de hace doce años, cuando estalló la Gran Recesión. En 2007, la deuda pública rondaba el 35% del PIB o, lo que es lo mismo, ascendía a 8.400 euros por habitante. En junio de 2019, esta rúbrica se acerca al 100% del PIB, lo que se traduce en obligaciones cercanas a los 25.800 euros per cápita. Lo peor de todo es que, lejos de mejorar, el saldo fiscal ha empeorado en 2019, tal y como muestran los datos de liquidación presupuestaria del primer semestre, que acreditan que el déficit de las Administraciones Públicas ha aumentado un 18% en virtud de una subida del gasto público equivalente a 70 millones de euros diarios.
Tampoco hay buenas noticias en el plano financiero. El Banco Central Europeo viene de realizar un examen que, tomando como referencia a las cien entidades más grandes de la región, pretende examinar qué bancos serían capaces de superar una crisis de liquidez severa. Las conclusiones del test de estrés son demoledoras: de los 103 grandes bancos europeos evaluados, unos 52 no sobrevivían más de un semestre en un contexto de condiciones adversas de liquidez. La política de dinero barato no ha mejorado, por tanto, la salud estructural del sector, que sigue muy vulnerable ante una posible crisis. Aquí tendríamos la sexta cifra.
Y, para terminar, los inversores internacionales son conscientes de la deriva que sufre la economía española, como bien acreditan los datos referentes a la entrada de capital en nuestro país. Durante el primer semestre de 2019, las inyecciones de capital foráneo sufrieron un fuerte correctivo, cayendo a 16.700 millones frente a los 48.200 del mismo periodo de 2018. Si tenemos en cuenta las desinversiones, el desplome es aún peor: asciende al 90%.