Nada como concederles el control sobre un bien esencial a los políticos para darnos cuenta de lo necesario que es el libre mercado. Los ejemplos se suceden a lo largo del tiempo y de la geografía mundial. Algo que debería estar sobradamente aprendido en nuestro país, como el resultado inequívoco de políticas intrusivas sobre el mercado de la vivienda, es una pieza esencial para la clase política. A unos les permitirá ejercer su populismo salvaje a otros, no perder el status quo.
No es de extrañar, por lo tanto, las distorsiones que vemos en los mercados, tanto de compraventa como de alquiler de vivienda. Las herramientas políticas de regímenes dirigistas se aglutinan en torno a un mercado que debería caracterizarse por su transparencia y competencia. Veamos la secuencia:
En primer lugar, los políticos deciden que la materia prima por antonomasia (la tierra o parcela), les pertenece y la gestionan ellos a su antojo. Y van más allá: no sólo construyen, de forma unilateral, un mercado monopolístico, lo hacen sin ninguna herramienta que actúe como indicador de oferta ni de demanda. Los precios de las parcelas y su puesta a disposición de los constructores forman parte de un conjunto de decisiones tomadas de forma unilaterales por parte de los ayuntamientos. En ellas solamente se tiene en cuenta la opinión de, a lo sumo, una comisión de expertos o similares, pero, en ningún caso, la demanda real que tiene la parcela que se va a poner en el mercado.
La realidad es que un mercado liberalizado, en el que el suelo se ponga a disposición de forma transparente y accesible a los constructores para que sean ellos quienes decidan su precio, es demasiado neoliberal. Parece ser.
En segundo lugar, se exprime el uso del bien escaso (y gestionado de forma monopolística y opaca) hasta la formación de burbujas. Incluso, hasta su explosión. Dicho de otra manera: la burbuja inmobiliaria que provocó la crisis de 2008 también fue provocada por ayuntamientos sedientos de ingresos por la venta de terrenos y construcciones… y por un gobierno, el de Zapatero, que ignoró las señales de agotamiento.
No olvidemos que antes de una burbuja siempre existe un mercado en expansión, que crece a ritmos notables, pero de forma sostenible. Las burbujas, por lo general, son distorsiones de este tipo de situaciones para continuar manteniendo sus beneficios, aunque el modelo esté agotado.
A continuación, viene la "defensa" que proclama nuestra clase política a un problema que han creado ellos. La acumulación de poder, junto con la ausencia de señales de mercado, llevan a los políticos a tomar decisiones erróneas de nuevo. La única diferencia es que esta vez lo hacen en la otra dirección. Por miedo a una nueva burbuja (incluso sin ninguna señal que haga pensar que se esté generando) restringen la oferta de suelo urbanizable y encarecen la construcción de vivienda. Ya saben, por el bien social.
En definitiva, capa sobre capa de regulación e intervencionismo político para solucionar problemas que han creado ellos mismos o sus predecesores. Y mientras tanto, el verdadero hándicap es la ausencia de señales de mercado y de reglas de juegos claras, objetivas y predecibles que guíen las acciones de los agentes involucrados. La necesidad de control es tal, que las distorsiones se acumulan y se generan mercados totalmente desvinculados de la demanda real.
La conclusión es la que estamos viendo en los grandes polos de atracción de población (Madrid y Barcelona), así como puntos turísticos relevantes del país: precios al alza, que acumulan un porcentaje de la renta de los ciudadanos elevada. Esto también es pobreza. Pobreza generada durante un período de tiempo largo. Por consiguiente, esperar una solución mágica que de al traste con los desequilibrios acumulados es, en realidad, un cheque en blanco a nuevas soluciones intervencionistas.
El plan de Ábalos
Algo para lo que deberíamos estar alerta, sobre todo, tras la publicación durante esta pasada semana del índice de precios de alquiler de vivienda por comunidades autónomas por parte del Ministerio de Fomento. Mientras ya hay entidades privadas, independientes y en régimen de competencia que hacen este tipo de estudios y que cuentan con credibilidad entre la ciudadanía, el señor Ábalos piensa que hay que incluir la pata pública en la ecuación. Extraño, cuanto menos.
En sólo un año de poder, el PSOE no sólo ha logrado inyectar la semilla del control de alquileres en toda España, sino que lo ha hecho sin que nadie sospeche lo más mínimo, y atendiendo al ente abstracto del bienestar social.
Lo ha hecho, de hecho, con un índice de precios notablemente por debajo de los reflejados en otros informes, como el de Idealista o Fotocasa. Una situación que podría ser normal en regiones con poca presión competitiva y, por lo tanto, con capacidad del arrendatario para negociar a la baja el precio del alquiler. Pero en ningún caso es aceptable en ciudades como Madrid o Barcelona, donde la escasez de oferta queda en evidencia por pisos que no duran ni un día publicados para su alquiler.
Pensar, por último, que hay diferencias en el poder negociador del arrendador entre estas dos urbes es vivir en una realidad paralela. En Madrid, la diferencia entre el precio por metro cuadrado publicado por Fomento y el de Idealista alcanza los 3,5 euros; en Barcelona, los cinco euros. Dos ciudades con problemas similares (quizás, incluso Barcelona tenga menos oferta y por tanto más presión sobre los precios) con situaciones distintas. No hay ninguna razón analítica que lo explique.
Que el problema de la accesibilidad de la vivienda es una cuestión de oferta, y que no es una emergencia nacional sino que está concentrado en determinados puntos geográficos, es algo evidente. Que es un tema de máxima relevancia porque agranda la brecha intergeneracional, también lo hemos tratado aquí. Y, por último, lo que va a ocurrir cuando finalmente se aplique el control de precios al alquiler también está escrito en los manuales de economía y en la historia económica reciente. No sólo escrito, sino completado, por ejemplo, con el caso de Berlín, que impuso controles en 2015 y ahora, tienen que retomar la regulación porque la carestía es tal que continúan con presiones al alza.
Nadie es capaz de gestionar sin señales de mercado: ni políticos, ni empresarios, ni padres de familia. Nadie. Continuar cercenando la capacidad de tomar decisiones óptimas es sembrar el caldo de cultivo perfecto para que populistas abanderen cualquier lucha que suene bien, en favor de "la gente". Una lucha que siempre acaba en la pobreza generalizada y en una sociedad dividida.
La solución al problema de la vivienda es a muy largo plazo. Lejos de solucionarse, los liberticidas que gobiernan España están introduciendo semillas tóxicas en el sistema. Poco a poco, tras algún mantra hueco, y sacando a la luz debates vacíos que, en realidad, son cortinas de humo. Pero que tarde o temprano germinarán.