La llegada al poder de Emmanuel Macron fue interpretada con notable optimismo por numerosos analistas. El líder de La República en Marcha alcanzó el poder con un programa reformista en el que se incluían compromisos de calado en materia de reducción de impuestos, optimización del gasto público y liberalización de los mercados.
Sin embargo, buena parte del programa de Macron parece haberse quedado guardado en un cajón. Es cierto que se han aprobado algunas medidas que acarrean cierto peso simbólico, como la esperada abolición del Impuesto de Patrimonio, pero el balance de sus dos primeros años en el Elíseo empieza a resultar demasiado pesado para un gobernante que llegó al poder con un amplio respaldo popular.
Las cifras del FMI confirman que la economía gala no está creciendo como se esperaba. Si en 2016, un año antes del triunfo electoral de Macron, el aumento del PIB fue del 1,2%, en 2019 vemos que dicha rúbrica solo se expande un 1,3%, siendo la previsión del 2020 de un 1,4%. Lejos de haberse producido un boom económico, la economía parece estancada.
La inversión tampoco se ha animado. De poco ha servido que Macron aluda una y otra vez a su pasado en el sector bancario: el capital doméstico y foráneo sigue escéptico y la inversión se mantiene casi inalterada, en niveles que van del 22% al 23% del PIB. El nuevo marco de política económica no ha provocado ninguna mejora en dicho indicador.
Magra creación de empleo y más déficit público
Hay algo de mejoría en materia laboral, puesto que el paro en 2017 era del 9,4% y las previsiones de cierre del año 2019 reducen esta cifra al 8,8%. Eso sí: cuando tenemos en cuenta la tasa de participación laboral, vemos que parte de la caída se da por la salida del mercado de trabajo de profesionales que se jubilan o desempleados que, desanimados, terminan por abandonar la búsqueda de empleo. El ritmo de creación de empleo en estos dos primeros años no llega a 150.000 nuevos puestos de trabajo por año, cifras demasiado bajas para una economía con 29 millones de personas en la población activa.
Y luego está la cuestión fiscal. El gasto público ha subido de 1.294.192 a 1.346.080 millones de euros, de modo que no hay ni rastro de los recortes que anunció Macron. Incluso si se mide el gasto en relación con el PIB, encontramos que dicho epígrafe cae de manera muy moderada (del 56,5% al 55,8%). En cuanto al déficit, pasa de 61.500 millones en 2017 a 79.500 millones en 2019, lo que implica un salto del -2,7% a un -3,3% del PIB, situando a Francia en zona de incumplimiento de las reglas del euro.
¿Menos impuestos en 2020?
Ante un panorama tan complejo, el primer ministro galo, Edouard Philippe, ha anunciado que los presupuestos de 2020 podrían incluir un recorte de la presión fiscal estimado en 10.000 millones de euros. Inicialmente, el gobierno barajaba la posibilidad de aminorar el IRPF en 5.000 millones de euros, una propuesta que sigue en pie, pero será apoyada por otros estímulos complementarios.
Así, Philippe ha anunciado una rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicado a las primeras residencias. Además de esta medida, valorada en unos 4.000 millones de euros, el Ejecutivo francés quiere desarrollar también un recorte del impuesto que se aplica sobre el pago de las horas extra, lo que supondrá un ahorro de 1.000 millones para los contribuyentes.
Para financiar la rebaja fiscal, el gobierno de nuestro país vecino cuenta con una reducción de los costes de financiación de la deuda (se reducirán por un monto de 8.000 millones en 2020, en caso de que las condiciones monetarias se mantengan) y también espera recoger los frutos de una mejora en los procesos recaudatorios (vía por la que se podrían obtener 1.000 millones más). El resto sería financiado vía déficit.