Suecia ha saltado a las portadas de los diarios económicos estos días después del aumento de la cifra de parados. Actualmente, el desempleo se encuentra en el 7,4%, la cifra más alta en cuatro años, pero el Gobierno confía en terminar 2019 con un 6,4% de desempleo. Esta es la mala noticia sobre el país, pero la buena se encuentra en los presupuestos de 2020. La ministra de Hacienda, Madalena Andersson, ha anunciado que el país tendrá superávit durante los tres próximos años y que el próximo año se procederá a un recorte de impuestos por valor de 2.260 millones de euros.
El marco presupuestario de Suecia exige al Gobierno mantener un superávit del 0,33%, una cifra que, según Andersson, se mantendrá durante los 3 próximos años. En 2018, el país nórdico terminó con un superávit del 0,90% encadenando su cuarto año consecutivo sin déficit. La ministra se apresuró a señalar que en el caso de que la economía desarrolle "peor de lo esperado, tomaremos medidas porque tenemos capacidad".
Los expertos auguraban un presupuesto más expansivo para Suecia en 2020. Emil Kallstrom, portavoz económico del Partido de Centro, aseguró que el presupuesto del país "está bien equilibrado" y que su grupo está dispuesto a apoyar al Gobierno en caso de que se necesiten aprobar medidas expansionistas.
Pero la parte más importante del presupuesto se incluye en el recorte fiscal. El impuesto sobre la renta para los pensionistas bajará, así como el de las personas que viven en zonas con problemas de despoblación. Esta reforma fiscal, aunque leve, se une a otra reducción de impuestos aprobada en enero de 2018, cuando el Partido Socialdemócrata tuvo que pactar con los liberales. Eso sí, el gasto también aumentará en justicia, defensa, educación, iniciativas ecológicas, salud y en empleo.
En Suecia la presión de los impuestos sobre las ganancias es del 49,1%, 2 puntos más que en España y 9 puntos más que la media de la OCDE. Sin embargo, tras las pasadas elecciones de enero de 2018, el Partido Socialdemócrata se ha visto obligado a iniciar varias reformas requeridas por sus socios de gobierno.