A menudo se habla de la doble vara de medir de la izquierda mediática y política, muy dura en sus reproches a los políticos de la derecha pero blanda y tibia con los errores de los dirigentes progresistas. Quizá el mejor ejemplo de lo que está pasando lo tenemos en América Latina, donde los incendios que han afectado al Amazonas han sido merecedores de valoraciones muy diferenciadas dependiendo del gobierno implicado.
Por un lado tenemos la campaña desatada en redes sociales contra el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro. Como ha explicado Libre Mercado, los peores registros de incendios en los bosques amazónicos del país tuvieron lugar bajo gobierno de Lula da Silva, pero entonces no se produjo ningún reproche contra el gobierno del dirigente socialista. Por otro lado, ha trascendido que el grueso del dinero dedicado, en teoría, a conservar y proteger el Amazonas ha terminado, en realidad, en sueldos y dietas de las ONGs implicadas. Un escándalo que apenas ha tenido impacto a nivel global, pero que explica el respaldo recibido por el gobierno de Bolsonaro desde amplias capas de la sociedad brasileña.
Pero, mientras periodistas y políticos de izquierda hablan de Bolsonaro y de los incendios en la Amazonía brasileña, la atención dedicada a lo que está ocurriendo en la selva y los bosques de Bolivia es prácticamente marginal a nivel mundial. Todo a pesar de que el grueso de los fuegos que han llegado a Brasil llegaron precisamente desde suelo boliviano, como acreditan los datos ofrecidos por la NASA.
En el caso boliviano, las implicaciones políticas de los incendios son más que evidentes, puesto que el gobierno del socialista Evo Morales aprobó el pasado 9 de julio un decreto que permite la quema de bosques en los departamentos de Beni y Santa Cruz, foco de los incendios que terminaron extendiéndose hasta Brasil. El Ejecutivo boliviano habló de "quemas controladas" que, en la práctica, terminaron desarrollándose sin control efectivo por parte de las instituciones públicas.
La hipocresía de Evo Morales ha sido denunciada por un demoledor artículo del abogado y político Carlos Sánchez Berzain, cuyos libros y artículos contra el gobierno de Evo Morales han sido censurados de forma reiterada por el régimen bolivariano. Según denuncia quien fuera ministro de la presidencia del país, los datos oficiales hablan ya de 2,5 millones de hectáreas devastadas por el fuego.
Sánchez Berzain denuncia abiertamente una estrategia permisiva con la deforestación que estaría orientada a favorecer el narcotráfico: "Bajo la falsedad de la 'coca legal', se ha aumentado por ley la superficie dedicada a dicho cultivo, pasando de 12.000 a 22.000 hectáreas. Por otro lado, la producción de las mafias ha subido de 3.000 a 80.000 hectáreas bajo gobierno de Morales. Todo mientras se rompen los acuerdos de lucha contra el narcotráfico, se expulsa a las autoridades estadounidenses que colaboraban en este ámbito o se proclama en la ONU que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo opresor".
Como recuerda Sánchez Berzain, el decreto del pasado mes de julio favoreció las quemas y profundizó en la línea que ya marcaba la Ley 741, que da amparo a la orden 3973 emitida desde el Ejecutivo días antes del comienzo de los fuegos. Pero la responsabilidad de Morales no terminaría ahí, ni mucho menos.
Así, Sánchez Berzain critica que el presidente boliviano "sigue sin movilizar los recursos necesarios para controlar los fuegos", "rechaza la ayuda de hidroaviones ofrecida por Chile", "se niega a derogar la Ley 741 y el Decreto 3973", "rechaza declarar la zona como desastrosa para poder actuar de forma contundente" e incluso "manipula a los movimientos cocaleros" para intimidar a quienes critican la actuación de Morales en esta materia.
A fecha de hoy, mientras Brasil acredita una reducción de los fuegos, en Bolivia sigue habiendo 50 grandes focos activos. "Las quemas ya superan los 25.000 kilómetros cuadrados, un tamaño que supera la extensión de Israel. Han ardido 40 millones de árboles y cerca de 1.200 especies de animales, muchos de ellos propios de parques o reservas naturales que han terminado calcinadas", explica Sánchez Bernain, que también es director del Instituto Interamericano para la Democracia.