Hace escasos meses, la llegada a la alcaldía de Zaragoza del popular Jorge Azcón desencadenó una cascada de informaciones periodísticas sobre la precaria situación fiscal que se encontró el nuevo equipo de gobierno municipal tras cuatro años de gestión en manos de Podemos e Izquierda Unida.
Ante esta situación, el nuevo gobierno de la capital aragonesa, conformado por PP y Ciudadanos, puso en marcha una auditoría oficial de las cuentas públicas. Dicha tarea fue encargada a la Intervención General del consistorio, con ánimo de arrojar luz sobre los numerosos puntos negros de la anterior legislatura.
Ya en agosto, el alcalde Jorge Azcón confirmó que las deudas acumuladas por el Ayuntamiento superan los 1.000 millones de euros. Ante la insostenibilidad fiscal del pasivo municipal, la ciudad maña se vio obligada a pedir ayuda al gobierno central, con el reclamo de un préstamo de urgencia amparado por el llamado Fondo de Impulso Económico.
Además de 850 millones de deuda ordinaria, el Ayuntamiento tiene también pendiente la devolución de 180 millones derivado de la construcción del tranvía que recorre distintas calles de la ciudad. Por último, el pulso legal que han librado distintas empresas con el consistorio aragonés ha añadido 35 millones de nuevas obligaciones, puesto que la Justicia le ha dado la razón a las compañías denunciantes.
Pero, al margen de estas obligaciones, la auditoría que ha completado la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza ha terminado revelando una "deuda oculta" que asciende a más de 100 millones de euros, de acuerdo con la evaluación realizada por los técnicos del Ayuntamiento a instancias del gobierno de PP y Cs.
De acuerdo con la Intervención, las cuentas públicas no tienen margen para financiar revisiones de precios en los contratos de limpieza y basuras, por un monto de 55 millones. El consistorio también adeuda 35 millones por 23 sentencias condenatorias que han fallado contra la Administración local por su morosidad reiterada. Además, hay 3 millones "pillados" en una expropiación irregular, 24 millones por infradotaciones presupuestarias…
El nuevo gobierno local quiere cumplir lo antes posible con estas obligaciones. De los 100 millones pendientes, los primeros 10 se abonarán con una reducción inmediata del gasto, mientras que otros 40 millones se pedirán gracias a un préstamo. Por último, los 50 millones restantes se abonarán en 2020, con cargo al presupuesto del próximo ejercicio.