La Xunta de Galicia tiene claro que el sistema de financiación autonómica no depende de que el Gobierno de la nación esté o no en funciones. Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por el servicio jurídico de la Administración regional que ha sido presentado a los medios por Alfonso Rueda, el número dos del presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo.
Acompañado de Valeriano Martínez, consejero de Hacienda en el gobierno gallego, Rueda ha explicado que los abogados de la Xunta consideran falsos los argumentos esgrimidos por Moncloa para negarse a repartir los fondos adeudados a las distintas Administraciones regionales. En el caso de Galicia, el monto en juego son aproximadamente 700 millones de euros.
La Xunta de Galicia señala que el informe de la Abogacía del Estado presentado por la Administración Sánchez "responde a una pregunta muy concreta y no explora la posibilidad de resolver el problema en el marco de la ley". Frente a dicha "trampa", el informe que manejan las autoridades gallegas "pregunta por alternativas que ayuden a repartir los fondos pendientes".
En el caso de Galicia, los 700 millones pendientes de pago incluyen 330 millones ligados a las entregas a cuenta, pero también 200 millones correspondientes a la parte autonómica del reparto de la recaudación por IVA, así como a 170 millones de euros vinculados al llamado desempeño fiscal. Desde el gabinete que preside Feijóo consideran "inaudito" que el gobierno pretenda trasladar la resolución de esta cuestión hasta el 15 de diciembre, puesto que "la sanidad y la educación gallegas no están en funciones".
Casi 650 euros por hogar
El enfrentamiento con Moncloa puede ir a más en las próximas semanas, puesto que el Gobierno gallego no ha recibido respuesta a la carta que remitió el pasado mes de julio a María Jesús Montero, ministra de Hacienda. "Es una nueva irresponsabilidad volver a lo que ya ocurrió en 2008", explicó refiriéndose a los incumplimientos de las obligaciones fiscales por parte de un gobierno socialista.
Los 700 millones de euros que reclama el gobierno gallego equivalen a 260 euros por habitante o, lo que es lo mismo, un promedio de 650 euros por hogar. La Xunta ha sido, desde el comienzo de la crisis, una de las Administraciones autonómicas más cumplidoras con los objetivos de deuda y déficit fijados por el gobierno central.