La evolución de Cataluña es motivo de preocupación, y no sólo por una deriva independentista que parece haber perdido el norte (si es que algún día lo tuvo). Estamos ante una deriva económica que debería estar levantando ampollas a todos los niveles. España debería estar luchando por recuperar la senda de crecimiento y creación de empleo con la comunidad autónoma más importante en términos de PIB a la cabeza. Sin embargo, estamos luchando por esquivar la recesión con toda una serie de indicadores evolucionando a la baja, tanto en España como (especialmente) en Cataluña.
Con datos de enero de este año, la fuga de empresas de Cataluña ya ascendía a más de 5.500, según el Colegio de Registradores. Este número, que puede parecer relativamente pequeño (en Cataluña hay del orden de 620.000 empresas, según el DIRCE), se comienza a poner en perspectiva cuando se incluye el efecto del coste de oportunidad. Según BBVA Research, desde el 1 de octubre se han dejado de crear más de 30.000 empleos en Cataluña.
A la vista de lo anterior, no es de extrañar la decepcionante evolución del mercado de trabajo en la región. El número de parados en Cataluña, según el informe de agosto del SEPE, se incrementó en 12.588 personas, en comparación con julio. Dicho de otra forma, casi una de cada cinco personas que engrosaron las listas del paro en un agosto de por sí fatídico, provino de Cataluña.
Ahora, los conductores del procés y sucedáneos pretenden subir el tramo autonómico del IRPF, un incremento de Sucesiones y Donaciones, y nuevos impuestos verdes. Ahí es nada, para una región que no sólo es la que mayor presión fiscal tiene a través de los tipos cedidos desde la Administración Central, si no que, también, es la que más tributos propios tiene. Con muchos de ellos, por cierto, echados atrás por el Tribunal Constitucional por su falta de respeto a la naturaleza básica de cualquier impuesto.
Los catalanes trabajan para el Estado, según el informe del día de la liberación fiscal de Civismo, nada más y nada menos que hasta el 5 de julio. En total, 186 días trabajando para un ente cuyo único objetivo dejó de ser hace ya décadas el bienestar de sus ciudadanos, sino el de los políticos que rompen el orden constitucional y atentan contra el eje de libertad de nuestra nación: la unidad de España.
La lucha por la independencia solamente ha sido una excusa para pedir a los catalanes paulatinas cesiones de las parcelas de su libertad individual en favor de un objetivo catalogado como social que, en realidad, solamente ha beneficiado a unos pocos. Mientras el sistema ha permitido continuar sólo por inercia, nadie ha levantado la voz más allá del ya notoriamente falso "España nos roba". La llegada de la peor crisis de nuestra historia económica reciente, y el necesario proceso de ajuste que tuvo que acometer el país entero solamente fue la chispa que encendió la mecha. Pero el detonador, y la carga explosiva en términos sociales ya estaban más que construidos. Ha ocurrido lo que pasa en cualquier sistema planificado: antes o después el ciudadano se da cuenta de que el Estado no puede devolverle lo que le había prometido, y comienza la fase de frustración y desengaño. Entonces, hay que buscar una diana sin nombre y apellidos a la que echarle la culpa. España.
Mientras, otra región, también con una excelente localización e infraestructuras, en la que se ha priorizado el servicio público orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y se ha orientado la economía hacia la libertad, ha ido creciendo hasta convertirse en la región líder del país. En lo que va de año la Comunidad de Madrid ha creado una de cada cuatro empresas y uno de cada cinco empleos creados en España. Algo que no es novedoso. En 1980, el PIB per cápita catalán era un 6% superior al madrileño. Con la entrada del euro las tornas ya estaban cambiadas. Hoy, Madrid tiene una riqueza por habitante que es un 13% mayor.
Eso escuece, y vienen las teorías persecutorias propias de los colectivistas. Una vez que hemos identificado a un enemigo inanimado al que centrar nuestra ira, nada como acudir a escupir en la mano que te da de comer. Mientras "España roba" a Cataluña, la región acumula 2 de cada 3 euros de deuda en balance provenientes del Estado español, a través del FLA. El enemigo íntimo durante el día que presta dinero de todos por la noche.
Como el ataque institucional no es suficiente, hay que ir un paso más allá. Las necesarias leyes para garantizar la libre actividad económica, la evolución de los modelos normativos para adaptarse a los nuevos paradigmas económico-sociales, y las garantías públicas dejan de ser un sello de confianza para cualquiera que mire a la región. En su defecto, las instituciones se convierten en una maquinaria pesada cuyo principal objetivo es seguir manteniendo el status quo. La conclusión es una región paralizada, decadente y cada vez más cerrada. En 2017, migraron hacia Cataluña 18.965 personas provenientes de otras Comunidades Autónomas, un 28% menos que en 2005. La sangría de emigrantes hacia otras regiones es evidente.
Finalmente, cuando los datos demuestran el fracaso de un modelo económico colectivista, es más necesario que nunca el discurso político para seguir alimentando al leviatán. En ese camino surge la teoría de los vasos comunicantes y la competencia regional. Como si la economía fuera un juego de suma cero en el que un inversor que plantea venir a Europa eligiera solamente entre regiones españolas y no en lugares con iguales servicios públicos, impuestos menores y una excelente localización en toda Europa.
Y así, amigos, es cómo una comunidad que estaba llamada a ser parte de la historia de éxito de Europa por sus excelentes cualidades geoestratégicas se diluye en la mediocridad y se reorienta hasta la insuficiencia fiscal. Eso sí, con los empleados públicos mejor pagados de toda España, y casi triplicando la cifra de altos cargos de una región similar en población y PIB como Madrid. Sacar adelante la independencia requiere, al parecer, de mucho capital humano.
Los inversores seguirán volando, el paro se seguirá incrementando, y Papá Estado algún día también dejará de tener capacidad financiera. El asalto a la libertad tiene un precio que pagan los ciudadanos. Por ahora, los catalanes. Y, si permitimos que esto continúe, el resto de los españoles iremos detrás.