No se sabe muy bien si es una oferta de gobierno, un proyecto de legislatura, un borrador para empezar a negociar o, lo que parece más bien, un programa electoral. Pero Pedro Sánchez ha logrado su objetivo: que se hable de las 370 propuestas que presentó esta semana. Para bien y para mal.
De todas ellas, una de las que más atención ha generado es la que se refiere a la gratuidad del primer año de carrera para las mujeres que se matriculen en grados en los que la presencia femenina esté por debajo del 30%. Sobre la propuesta en concreto ya escribimos este sábado en Libre Mercado: analizábamos si es verdad que hay pocas científicas en España o si las mujeres necesitan ayuda para acceder a determinados estudios que, de otra manera, evitarían.
Pero hay más. Está esa idea de la gratuidad de la universidad. Para este caso en concreto de las mujeres en carreras técnicas y en lo que se refiere a la política general de becas que Pedro Sánchez, como el resto de partidos (en esto hay pocas diferencias a izquierda y derecha), promete ampliar, mejorar o impulsar. La educación superior se configura como un nuevo derecho, una prolongación de la obligatoria, un paso más tras el colegio y el instituto abierto a todos aquellos que lo deseen y tengan las notas requeridas.
Así, en la propuesta 107 se plantea lo siguiente: "En el ámbito universitario, trabajaremos por asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria, incrementando la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio, reduciendo el efecto de los umbrales de renta y asegurando unas cuantías que permita a los mejores estudiantes estudiar donde escojan. Contribuiremos asimismo con la derogación de los límites mínimos en todo el Estado para los precios de las matrículas".
El problema es que este derecho, como muchos otros, requiere al mismo tiempo de una obligación para otro: el contribuyente que lo sufraga. Normalmente, los políticos defienden el modelo porque se supone que forma parte del esquema redistributivo que (en teoría) sostiene los modernos estados de bienestar: aquellos que más tienen sufragan, con sus impuestos, los servicios que reciben los menos pudientes. Aquí habría mucho que discutir: por ejemplo, sobre si esto es cierto en general, sobre el nivel óptimo de presión fiscal, sobre el efecto desincentivador de los impuestos o acerca de la cantidad real que se dedica a esos fines "sociales" y la que acaba engordando una burocracia que se autojustifica por su propia existencia. Pero hoy no entraremos ahí.
Porque en lo que respecta a la universidad, hay una pregunta previa a ese debate. Aquí la clave es que no sólo no estamos ante una medida redistributiva, sino que se trata de una de las políticas más regresivas que podamos imaginar. Los impuestos de todos, clases altas y bajas, acaban financiando un servicio de lujo que reciben los ricos (los del pasado y los del futuro). Algo que choca por completo con el discurso dominante, en los partidos y en los medios. Y, sin embargo, hay pocas promesas con más consenso que las que piden aumentar las becas o reducir el precio de la matrícula. Con la demagogia con la que se comportan muchos de nuestros políticos, lo tendrían muy sencillo en este caso. Por ejemplo, sobre la propuesta de Sánchez podrían decir que los impuestos de un obrero irán destinados a pagarle la universidad gratis a la hija de un millonario que quiera ser ingeniera aeronáutica. Y sería una frase demagógica, pero con un punto de verdad: no sólo hay desequilibrio en el conjunto del sistema universitario; en las carreras con notas de acceso más altas y mejores perspectivas laborales, la presencia de los hijos de familias con ingresos altos es todavía mayor.
Las cifras
El siguiente cuadro contiene información del Módulo 2011 de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que en aquel ejercicio estaba destinado a evaluar la "Transmisión intergeneracional de la pobreza".
Como era previsible, los hijos de padres con título universitario tienen muchas más posibilidades de terminar con ese mismo nivel de formación. No es que no haya millones de casos de hijos de padres que apenas tenían formación que hayan acabado en la facultad. De hecho, la España de 1950-1990 fue un ejemplo al respecto: un país con un enorme porcentaje de población que apenas tenía titulación (el grado de semi-analfabetismo era muy elevado en determinadas regiones) pero que luchó para conseguir a sus hijos las oportunidades que ellos no tuvieron.
Dicho esto, no hay que engañarse. Como vemos en la tabla, el 75% de los hijos de padres universitarios termina con un título de educación superior y apenas el 6% no alcanza la educación secundaria superior (el nivel que, este tipo de estudios, considera que hay que alcanzar, como mínimo, para entrar con garantías al mercado laboral). Enfrente, sólo el 27% de los hijos de padres con educación secundaria básica o inferior obtiene título universitario.
De hecho, muchas estadísticas coinciden en que, en la mayoría de los países, el nivel de estudios de los padres es un indicador mejor para anticipar cómo les irá a los hijos que el nivel de ingresos. O lo que es lo mismo: aunque nivel educativo y de ingresos suelen ir de la mano, para prever si un niño obtendrá un título y tendrá una vida laboral positiva, es mejor (simplificando un poco) tener unos padres universitarios pero con ingresos medios, que unos padres con ingresos por encima de la media pero sin estudios. De hecho, los logros profesionales del padre influyen más allá de la titulación. Como explica aquí el Observatorio Social de La Caixa, "en igualdad de condiciones educativas, los hijos de los profesionales y directivos tienen 2,8 veces más probabilidades de llegar a ser profesionales y directivos que los hijos de trabajadores y 1,4 veces más que los hijos de las clases intermedias".
Hasta ahora hemos hablado del pasado (la formación de los padres), pero también sabemos que tener un título universitario abre muchas puertas y es la mejor herramienta para acercarse al mercado laboral. Los siguientes datos están sacados del informe "La universidad española en cifras 2016-17", que elabora la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE):
- La tasa de empleo para las personas de 25 a 64 años con un doctorado en España roza el 90%; para aquellos con educación superior, pero sin doctorado, está por encima del 80%; y para aquellas personas sin un título de Educación Secundaria superior está en el 54%.
- Entre los jóvenes españoles, las tasas de paro son elevadas en cualquier nivel educativo (al menos si los comparamos con sus equivalentes de otros países), pero para los universitarios de 25 a 34 años, esa tasa de paro es del 13,9%; para aquellas personas de la misma cohorte sin estudios de secundaria superior, la cifra se eleva hasta rozar el 30%.
- De hecho, la tasa de paro en España es casi la mitad para la población con estudios superiores (9,3) frente a la media del conjunto del país (16,7%) (la CRUE usa datos del mercado laboral de 2017 en este informe).
- La prima universitaria en España se acerca al 50%: es lo que puede esperar ganar de más un titulado en nuestro país frente a una persona de su misma edad que se quede en Educación Secundaria Superior. Además, la prima negativa por ni alcanzar ese nivel es superior al 20%. O lo que es lo mismo: la diferencia de sueldo entre los que tienen título universitario y los que no alcanzan secundaria superior (bachillerato o FP Superior) es de casi el doble. Y un apunte al respecto, nuestro país no es uno de los que presenta una mayor prima universitaria, entre otras cosas por las disfuncionalidades del mercado laboral y el hecho de que muchos titulados acaban realizando trabajos diseñados para un nivel formativo inferior. Aunque esto provoca otro fenómeno: estos universitarios, a igualdad de nivel laboral, ganan más de media que sus compañeros sin título y se acaba produciendo un fenómeno de desplazamiento hacia abajo a lo largo de todo el mercado laboral.
- De esta manera, según la Encuesta Decil de Salarios del Empleo Principal del INE, el sueldo bruto medio para una persona con un empleo hasta la primera etapa de secundaria ascendía a 1.377 euros al mes; para una persona con título de secundaria superior se iba a los 1.602 euros al mes; mientras que para los universitarios hablamos de 2.409 euros al mes. Todo esto tiene como consecuencia que más del 40% de los titulados universitarios se encuentre en los dos deciles de renta superior (y poco más del 10% de los universitarios, normalmente los más jóvenes, que están comenzando su carrera laboral, forme parte del 30% de los trabajadores con menos ingresos).
Las propuestas
Todo esto es más o menos conocido. Y es lógico: los universitarios son los ricos del pasado (padres con más ingresos y mejor titulación) y los del futuro (sus expectativas de ingresos mejoran mucho con el título). Lo que no es tan lógico es que, en un discurso político y mediático dominado por la retórica anti-ricos, la exigencia de redistribución, los altos impuestos o el Estado como garante de la situación de los que menos tienen, casi nadie diga nada sobre cómo se financia (y a quién se subvenciona) la universidad.
Por supuesto, en la carencia de críticas y alternativas al sistema juega un papel muy importante el hecho de que quienes normalmente plantean los debates a la opinión pública (políticos y periodistas) sean dos de los colectivos más favorecidos por el actual sistema. Y no sólo políticos y periodistas: en general, la opinión pública la mueven (ya sea en el Parlamento, en los medios o en las organizaciones de la sociedad civil) los universitarios. Tanto ellos como sus hijos disfrutan de esa subvención presupuestaria y el título que consiguieron a un coste muy reducido les servirá (a ellos y a sus hijos) para prosperar en su carrera. No es extraño que, de forma consciente o no, defiendan el modelo del que tan beneficiados han salido.
Porque, además, aquí hay que recordar una cuestión muy relevante: todos los estudiantes universitarios de España, al menos los que acuden a un centro público, están becados. Todos, el 100%. Porque el precio de la matrícula cubre, en primera convocatoria, entre el 15 y el 25% del coste de los estudios. El resto lo abona el Estado, a todos, sea cual sea su nivel de renta. Luego, además, se subvenciona también ese 15-25% a muchos otros estudiantes en función de su nivel de renta familiar (los que aparecen en la estadística como becados), pero no hay que perder la perspectiva: becados son todos, aunque haya unos más que otros.
Habrá quien piense que, con matrículas más altas, todo esto sería todavía peor. Es decir, que se perpetuarían todavía más las ventajas de las clases altas y que el que no tuviera padres muy ricos tendría vedado el acceso a la educación superior. Por supuesto, eso habría que demostrarlo: por ejemplo, la población europea, desde finales del siglo XIX, consiguió elevar su nivel educativo con un modelo de universidad muy diferente al actual. Pero incluso si ése es el miedo, hay muchas alternativas a la situación actual:
- Créditos: lo explicábamos hace un par de años, a raíz de un informe de Antonio Cabrales (University College de Londres) y Maia Güell (Universidad de Edimburgo) con el título de Simulating a progressive loan system for Spain with real labor market data, presentado en unas jornadas de Fedea sobre financiación de la universidad.
A grandes rasgos, la idea es que el Estado financie o avale el coste de la universidad: puede ser el 100% o un porcentaje muy elevado, sólo la parte académica o también la manutención… De esta manera, los ingresos familiares no tendrían impacto en la decisión de estudiar o no una carrera. El hijo del pobre y del rico tendrían acceso libre a la facultad. Eso sí, una vez que lleguen al mercado laboral, y dado que ese título universitario financiado por el Estado les sirve para ganar más, tendrán que devolver el coste de sus estudios una vez que superen un determinado nivel de ingresos (¿20.000€? ¿30.000€?). Por supuesto, la cantidad a devolver podría ir creciendo con el sueldo del universitario e, incluso, podría plantearse que aquellos que terminen con un sueldo más alto paguen algo más del 100% de su coste, para financiar a aquellos que no puedan devolver su crédito.
- Becas crecientes: incluso en un modelo como el actual, cabría preguntarse si no hay alternativas de financiación. ¿Tiene sentido que todos los estudiantes de los centros públicos estén subvencionados, en un 80-85% del coste de su matrícula, sean cuales sean los ingresos de sus padres? Se podría establecer, sin demasiados problemas, un sistema de becas crecientes, en función de la renta del hogar, que obligase a pagar la matrícula a aquellos que provengan de hogares de rentas más altas y que siguiese subvencionando todo o casi todo el coste de los jóvenes de familias con menos ingresos. El problema de este modelo es político: las clases medias y medias-altas, grandes beneficiadas del actual sistema, penalizarían (y mucho) cualquier iniciativa que incrementase los costes que soportan ahora mismo.
- Impuesto universitario: en realidad, el funcionamiento sería muy parecido al modelo de créditos explicado en el primer epígrafe, pero con un nombre y un esquema que podrían ser más del gusto de los socialdemócratas de todos los partidos. La idea sería cobrar un recargo en el IRPF, que podría ser creciente en función de la renta, a los universitarios que trabajen. Y ese recargo se mantendría hasta que la cantidad abonada fuera igual al coste de sus estudios (o al 125% o al 150%, habría muchas opciones). Incluso, el Estado podría sacar de los Presupuestos la partida de gasto en la universidad y asociarla a la emisión de bonos públicos, que se irían repagando con lo recaudado con este impuesto. De esta manera, se lograría el doble objetivo del ahorro presupuestario y el mantenimiento del libre acceso a los estudios superiores para toda la población, sin importar el nivel de renta.
Porque, además, hay otra derivada. No hablamos de estados, desde luego no el español, con unas cuentas públicas que permitan muchas alegrías. Al contrario, la sostenibilidad fiscal en muchos países de la UE, entre ellos España, está al límite. En esa situación, con cualquiera de los modelos planteados, el ahorro derivado del hecho de que sea el universitario el que pague sus estudios se podría destinar a otros fines: reducir la presión fiscal, incrementar otras partidas de gasto (¿guarderías? ¿FP de más calidad y cercana al mercado laboral?) o una mezcla de ambas.