"La próxima semana se iniciará la tramitación para suprimir el Impuesto de Sucesiones en Castilla y León". El anuncio llegó esta semana por sorpresa, coincidiendo con la apertura de la Feria de Agricultura y Ganadería de Salamanca. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, aprovechó el encuentro para comunicar la buena noticia a los contribuyentes castellano-leoneses.
El dirigente popular apuntó que el primer trámite para proceder a la supresión del gravamen es realizar una consulta previa en el portal de Gobierno abierto de la Junta. Una vez finalice esa primera fase, el Ejecutivo regional enviará la propuesta legislativa de rigor a la cámara autonómica, donde los votos del PP y Ciudadanos deberían sacar adelante la medida.
"En un primer momento, la supresión se aplicará a las transferencias entre familiares directos. Lo sacaremos adelante con la mayor brevedad posible. Además, durante el resto de la legislatura vamos a seguir avanzando en la bonificación del impuesto, por ejemplo para facilitar la transferencia de empresas y garantizar el relevo generacional", apuntó.
Menos IRPF, ITP y bonificaciones
Pero Fernández Mañueco se guardaba otros ases bajo la manga. "Vamos a ampliar las bonificaciones y deducciones del Impuesto sobre la Renta. Los contribuyentes pagarán menos impuestos, especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes. También aplicaremos deducciones en el IRPF para la compra de vivienda", avanzó.
Otra figura tributaria que será revisada a la baja será el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, donde la Junta de Castilla y León tiene previsto introducir una deducción "que beneficie el traspaso de activos productivos generadores de empleo". Por último, el presidente autonómico prometió "agilizar los beneficios fiscales para la creación de empresas".
Se aviva la competencia fiscal
Los anuncios de la Junta de Castilla y León se producen en medio de un encendido debate sobre la competencia fiscal entre las autonomías. El gobierno de Cataluña ha anunciado una subida de impuestos de calado, mientras que Madrid ha prometido un recorte tributario histórico y Andalucía ha comunicado que tiene previsto volver a reducir la presión fiscal en 2020. Por su parte, los gobiernos de Comunidad Valenciana y Asturias, ambos en manos de la izquierda, han protestado contra estas medidas.