Ursula Von der Leyen no ocupará la Presidencia de la Comisión Europea hasta el próximo mes de noviembre, pero ya está perfilando las líneas maestras de su mandato. Como ya explicó Libre Mercado, uno de sus objetivos es relajar la disciplina fiscal contenida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el protocolo que limita el déficit y la deuda de los países miembros de la Unión Europea.
En paralelo, esta semana hemos conocido que Von der Leyen prepara también una estrategia medioambiental que lleva por nombre Nuevo Acuerdo por la Justicia Verde (Green and Fair New Deal). Según el diario alemán Der Spiegel, Bruselas quiere sentar las bases para que la UE reduzca drásticamente sus emisiones de CO2 durante las tres décadas venideras.
Durante el último medio siglo, la Unión Europea ha sido una de las pocas regiones del mundo que ha reducido sus emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. La caída observada en el dióxido de carbono ronda el 30%. Sin embargo, Von der Leyen cree que la Comisión Europea debe tomar medidas más restrictivas para mantener una tendencia a la baja satisfactoria. Las medidas contempladas por la nueva presidenta de la Comisión incluyen cinco puntos estrella:
- Aumento de los fondos comunitarios orientados a promover políticas de eficiencia energética.
- Veto a la producción energética con carbón, con ayudas compensatorias para las regiones afectadas.
- Desarrollo de un plan para el aprovechamiento de la energía eólica marina a nivel comunitario.
- Aprobación de un impuesto al transporte aéreo valorado en 750 millones de euros anuales.
- Plan de subvenciones para multiplicar por diez el parque de vehículos eléctricos.
Impuesto a los viajes aéreos
La propuesta de Von der Leyen implica fuertes desembolsos de dinero público en lo tocante a la promoción de la eficiencia energética, la compensación por el cierre de la producción de carbón, el impulso de la energía eólica marina o las ayudas otorgadas al programa de compra de nuevos vehículos eléctricos.
En cuanto a la tasa aérea, las dimensiones del gravamen planteado por Bruselas son muy significativas, puesto que la factura fiscal total del sector en Europa alcanza ya los 5.000 millones de euros anuales, incluyendo 590 millones dedicados al sistema de comercio de derechos de emisiones de CO2, un esquema introducido en 2013 en el que el precio por tonelada de CO2 ha pasado de 5 a 25 euros.