Todo Gobierno, como todo sujeto individual, aspira a disponer de más y más recursos, con la ridícula pretensión de que así llegará a tener satisfechas todas sus necesidades. ¿O es que al asalariado le es suficiente con su salario?
La primera lección que los jóvenes aprenden cuando empiezan estudios de economía es que las necesidades de los hombres son ilimitadas –cuando alcanzamos el umbral deseado, aparentemente de plena satisfacción, se descubre un nuevo umbral, mucho más alejado, de necesidades que nunca antes pensamos satisfacer–. Frente a éstas, los recursos de que disponemos están limitados, es decir, son escasos, lo que nos obliga a seleccionar las necesidades prioritarias frente aquellas otras que pospondremos para momentos de mejor fortuna, aunque nunca lleguen a producirse.
¿Por qué los Gobiernos tendrían que ser diferentes? Los gobernados, sin embargo, tenemos muy claro que, para que el Gobierno disponga de un euro más, nosotros tenemos que privarnos de otro. Aun así, hay quienes piensan que conviene que el Gobierno disponga de cuanto más mejor, olvidando que también ellos serán de los que se sacrifiquen pagando.
Las apetencias del Gobierno por allegar más recursos han llegado al esperpento en este verano que aún no ha terminado. Rebuscando por dónde puede recaudar más tributos, se le ha ocurrido la peregrina e indocumentada idea de gravar, supongo que con una tasa, la utilización de las autovías de mayor circulación.
Hombre, puestos a gravar, mejor las de mayor circulación, que nos proporcionarán más ingresos. ¿Que eso congestionará las vías secundarias, que son la de mayor siniestralidad? Qué más da; lo que importa es la recaudación necesaria para mantener en buen estado la red de tales carreteras; como si el Estado tuviera cajas distintas, cada una para lo suyo, unas llenas y otras vacías.
¿Que puede haber tributos –impuestos, tasas, exacciones parafiscales…– finalistas? No hay duda de que puede. Lo que el poder –central, autonómico y local– debería de saber es que en origen el impuesto sobre hidrocarburos –en su vertiente de carburantes–, que grava su consumo en los vehículos de transporte por carretera –por eso no lo pagan íntegramente los usos agrícolas, las naves y aeronaves– fue finalista, para financiar las necesidades –construcción y mantenimiento– de la red viaria.
Ministros y consejeros de Hacienda y Fomento, y no sólo éstos, tienen la obligación de conocer la historia de las finanzas públicas españolas. Aquello de que para ser ministro sólo se requiere conocer cómo hay que moverse por los procelosos terrenos de la política corresponde a un tiempo muy, muy pasado.
¡Entérense de dónde están y para qué! Además, respeten a los contribuyentes y sus bolsillos; es un deber moral, que obliga también a los que no la tienen.