Tras las elecciones del 26 de mayo, el bloque del centro-derecha, encabezado por el PP, ganó en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. Los electores fueron claros y apostaron por acabar con el experimento podemita en la ciudad de Madrid y mandar a Carmena a la oposición y mantener en la Comunidad de Madrid una gestión de centro-derecha, encabezada por el PP.
Tras casi tres meses desde la celebración de las elecciones autonómicas, hubo acuerdo e Isabel Díaz Ayuso fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid, con el apoyo no sólo de su grupo, el PP, sino también de Ciudadanos y de Vox. Inaugura, así, el primer gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid, pues su ejecutivo está integrado por miembros del PP y de Ciudadanos.
Pues bien, uno de los pilares fundamentales sobre el que se ha asentado la Comunidad de Madrid con gobiernos del PP, especialmente desde el año 2003, ha sido la política fiscal de impuestos bajos y reformas profundas. Frente a ello, otras regiones, cuando ha gobernado el PSOE o la izquierda en su conjunto, se han caracterizado por subir los impuestos. Es el caso de la Comunidad Valenciana de Puig o de Andalucía en tiempos de gobiernos socialistas en la región.
De hecho, a Puig le sienta muy mal y quiere prohibir que haya competencia fiscal. En lugar de quejarse, podía probar a ser austero y eficiente para dar servicios de calidad y bajar los impuestos, como hace Madrid. Tiene la misma capacidad normativa que Madrid. Sólo tiene que aplicarla. Donde sí que tiene razón Puig es en que el sistema de Financiación Autonómica le perjudica, pero lo hace tanto como a Madrid, y dicho perjuicio se deriva del diseño del sistema por parte del Gobierno Rodríguez Zapatero, con criterios oscuros y dirigidos para beneficiar a unas regiones frente a otras.
Así, muchas veces hablamos de los distintos tipos impositivos que se pagan por un impuesto en una región u otra o a nivel estatal. Esos porcentajes del IRPF, por ejemplo, son claros y demuestran que en la Comunidad de Madrid se pagan menos impuestos que lo que marca la media nacional, y no digamos si comparamos con otras regiones.
De hecho, el ahorro en IRPF de los madrileños es muy notable en la parte autonómica respecto a lo que paga en la parte nacional, ahorrándose más las rentas más bajas:
Es más, podemos incluir el resto de principales impuestos para ver la diferencia entre las dos formas de gobierno:
Pues bien, en clara sintonía con esta tradición, Ayuso se ha comprometido a proseguir durante la legislatura de su mandato recién iniciado con la bajada de impuestos. De esta forma, ha anunciado que aplicará una rebaja de medio punto en cada uno de los cinco tramos de la tarifa madrileña.
Dicha rebaja es, además, progresiva. Es decir, al mismo tiempo que se reducen los impuestos a todos los ciudadanos, se disminuyen más a los tramos con menos renta. De esa manera, en el tramo con menos renta, el tramo 1, podemos ver que la rebaja del tipo impositivo es del 5,6%, al pasar del 9% al 8,5%. En el tramo superior de renta, el tramo 5, la rebaja es del 2,4%, al llegar al 20,5% desde el 21%.
Del mismo modo, la rebaja del IRPF irá acompañada de un incremento del mínimo personal y familiar por descendientes y de deducciones autonómicas para favorecer a las familias, los jóvenes, el acceso a la vivienda y a los emprendedores.
¿Qué ha permitido, hasta ahora, esa menor carga fiscal de los madrileños? Que cada contribuyente disponga de 1.100 euros más al año en su bolsillo para consumir, ahorrar o invertir, en definitiva, para generar actividad económica y empleo, y que la economía madrileña se comporte mejor que la media nacional, con una mejora sustancial del crecimiento madrileño desde 1995.
Crecimiento que se ha traducido en una mayor riqueza de los madrileños desde entonces, como muestra la evolución del PIB per cápita:
Por tanto, es una buena noticia que se mantenga y profundice en la política fiscal de bajada de impuestos acompasada a la marcha de la economía, que se adecúe el gasto a lo que la estructura económica puede soportar desde un punto de vista eficiente y no distorsionador, que evite, así, un nivel de gasto insoportable, y que se cumpla con los objetivos de estabilidad presupuestaria, elementos que dan estabilidad económica y fomentan las bases del crecimiento y del empleo.