"Imitemos a los países nórdicos". Cada vez que la izquierda occidental se queda sin referentes, vuelve al Norte de Europa en busca de inspiración. Sin embargo, lo cierto es que la utopía socialdemócrata ensayada por dichos países en los años 70 y 80 ha quedado atrás, en gran medida por los malos resultados que arrojó en términos de crecimiento, empleo y bienestar.
De hecho, países como Suecia o Dinamarca figuran hoy en las primeras clasificaciones de los índices de libertad económica. El caso sueco es quizá más conocido, puesto que las profundas reformas implementadas en los años 90 tuvieron un notable eco internacional. Los resultados de aquel paquete de liberalización incluyen la adopción del cheque escolar, la gestión privada de la atención sanitaria o la rebaja de numerosos impuestos.
Pero Dinamarca no se ha quedado atrás. Desde los años 80, ha bajado el tramo superior del IRPF más de quince puntos, ha reducido del 50% al 22% el tipo general del Impuesto de Sociedades, ha eliminado el Impuesto de Patrimonio, ha endurecido notablemente el acceso a prestaciones como el subsidio por desempleo, ha consolidado el mercado de trabajo más flexible de Europa…
Pero la joya de la corona en el giro liberal danés llegó en 2014, cuando se aprobó una nueva Ley de Presupuestos que pretende asegurar año tras año la consecución de un superávit fiscal. La regla introducida hace un lustro limita al 0,5% del PIB el déficit permitido al conjunto de las Administraciones Públicas, seis veces por debajo del umbral de referencia en la UE, que alcanza el 3%.
El sistema de ajuste es drástico. Si se producen excesos durante varios ejercicios presupuestarios, hay recortes de gasto que se activan de forma automática. Además, los techos de gasto se diseñan siempre con un objetivo de estabilidad a medio plazo, de modo que el horizonte a cuatro años contempla siempre un escenario adverso al déficit.
Hay, además, reglas estrictas que obligan a amortizar deuda con todo el dinero que no haya sido empleado a 31 de diciembre, una provisión similar a la Regla de Gasto que tan buenos resultados ha tenido en los Ayuntamientos españoles. Por otro lado, un Consejo Económico Nacional se encarga de supervisar el cumplimiento de los objetivos para evitar desequilibrios y asegurar la estabilidad fiscal.
En 2014, primer año de aplicación del nuevo sistema de control del gasto, el ejercicio presupuestario se cerró con un superávit del 1,1% del PIB. Un año después, en 2015, se registró un incumplimiento, con un déficit del 1,3% del PIB que fue revertido en 2016, cuando se alcanzó un punto de equilibrio, y 2017, curso que concluyó con un superávit del 1,4% del PIB. Para 2018, los datos preliminares hablan de un saldo positivo del 0,6% del PIB, mientras que en 2019 se espera también un buen resultado anual.
Un informe del Mercatus Center de Estados Unidos ha ensalzado el buen funcionamiento de la norma danesa y ha resumido su efectividad con el siguiente gráfico, en el que se puede comprobar la trayectoria descendente que ha seguido la deuda desde que se implementaron las medidas de control del gasto.
