Matemático. Ha sido llegar el PSOE al Gobierno y regresar el descontrol a las cuentas públicas. Cierto es que la actual senda de despilfarro e irresponsabilidad fiscal nada tiene que ver, por el momento, con la nefasta gestión que protagonizó en su día José Luis Rodríguez Zapatero, tras disparar el gasto en plena crisis, pero la insensatez mostrada por Pedro Sánchez y su equipo resulta, igualmente, preocupante debido a la delicada coyuntura económica que atraviesa España.
La primera señal de alarma radica en que el gasto público sobre el PIB creció el pasado año por primera vez desde 2012, en medio de la crisis de deuda. En concreto, el gasto, que subió en más de 20.000 millones de euros, pasó del 41% en 2017 al 41,3% en 2018, desbaratando así la tendencia decreciente que se inició bajo el anterior Gobierno del PP. Esto significa, entre otras cosas, que el gasto avanzó a un mayor ritmo que el crecimiento del PIB, de modo que toda la reducción del déficit, de apenas 0,6 puntos, descansó sobre el incremento de la recaudación. Si a ello se suma el aumento del déficit estructural, que es lo que realmente importa, puesto que mide el desequilibrio presupuestario con la economía a pleno rendimiento, el resultado es que España ha empezado a deteriorar de nuevo su solvencia a nivel estatal.
El segundo dato a tener muy en cuenta es que el agujero fiscal, lejos de reducirse, ha crecido en lo que va de año con respecto al ejercicio previo. Los famosos "viernes sociales", esa retahíla de decretos con los que Sánchez tiró de chequera para comprar votos a costa del contribuyente de cara a las elecciones generales de abril, comienzan a pasar factura. España cerró el pasado ejercicio con un déficit del 2,5%, el más alto de la zona euro tras Chipre, a pesar del sustancial avance que registró el PIB. El Gobierno ya ha anunciado que, como mucho, esta cifra caerá al 2% este año. Sin embargo, a la vista de los datos disponibles, no solo se corre el riesgo de incumplir dicha meta, sino que el déficit podría incluso superar el de 2018. En tal caso, la pérdida de credibilidad y confianza por parte de inversores y autoridades comunitarias resultaría muy grave.
Todo ello, además, teniendo en cuenta que la deuda pública va de récord en récord. El Estado adeuda a día de hoy más de 1,2 billones de euros, el equivalente al 99% del PIB, lejos del objetivo del 96% que había previsto el Gobierno inicialmente. Con semejante volumen de deuda, el mayor que registra España en un siglo, cualquier desviación presupuestaria podría resultar letal desde el punto de vista económico y financiero. Y lo peor es que el programa electoral de Sánchez, lejos de corregir estos problemas, los agrava de forma muy sustancial, ya que lo único que pretende el PSOE es disparar aún más el gasto público a costa de machacar a impuestos a familias y empresas. Los socialistas, no la crisis, son la mayor amenaza para las cuentas públicas.