"Paraíso fiscal". Así es como algunos partidos tildan a la Comunidad de Madrid, los mismos que apuestan por subir impuestos, en contraposición al modelo de rebajas fiscales que ha implantado el PP en esta región en los últimos años. Sin embargo, Madrid no es un paraíso fiscal, ni en teoría ni en la práctica, dado que, por un lado, no cumple ninguno de los requisitos oficiales para ser incluida en esta categoría, y, por otro, su carga tributaria, pese a ser más reducida que en otras autonomías, no es, ni mucho menos, marginal.
La llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ya ha empezado a generar críticas entre los barones socialistas, tras anunciar su plan para aplicar una rebaja histórica de 5,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF, junto a la ampliación de ciertas deducciones.
El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, se ha situado a la cabeza de este particular frente al señalar que en España "no puede haber competencia fiscal entre autonomías ni paraísos fiscales". En concreto, ha solicitado al Gobierno que se reforme el sistema de financiación para recentralizar ciertas figuras tributarias que hoy están cedidas a las autonomías: "Hay impuestos que probablemente deben ser nacionales y no pueden ser transferidos, y otros, sí".
Las rebajas de verano anunciadas en la Comunidad de Madrid son una política fiscal vieja y caducada que cuando se aplicó en la CV trajo recortes y desigualdad. Hay que abordar conjuntamente y con seriedad la reforma de la financiación y el sistema fiscal
— Ximo Puig (@ximopuig) August 15, 2019
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Los datos, sin embargo, no corroboran la tesis socialista. En primer lugar, porque, si bien la recaudación que logran las CCAA a través de impuestos propios y cedidos ronda los 100.000 millones de euros al año, el 75% pasa a engrosar el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, uno de los principales mecanismos de "solidaridad interterritorial", de modo que la corresponsabilidad fiscal (ingresos propios para financiar gastos propios) es muy limitada. Y, en segundo término, porque la presión tributaria que soportan los madrileños es equiparable a la media europea, aunque, eso sí, más baja que en el resto de CCAA.
Madrid, por tanto, no es un "paraíso fiscal", tal y como afirma el PSOE, pero sirve para desenmascarar los relativos infiernos fiscales que existen a nivel autonómico. El siguiente cuadro resume los tipos que, hoy por hoy, se aplican en Madrid a nivel tributario, tanto en IRPF como en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Sucesiones y Donaciones (ISD) o Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).
Las diferencias saltan a la vista cuando se comparan estas figuras con las existentes en el resto de autonomías, ya que los madrileños disfrutan de la menor factura fiscal de España. En materia de IRPF, tomando como ejemplo un contribuyente soltero, sin hijos, menor de 65 años y sin derecho a deducción, pagaría menos en Madrid en todos los tramos de renta, tal y como recoge el Consejo General de Economistas. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura, por el contrario, imponen las mayores cargas.
Así, un madrileño que gane 30.000 euros brutos al año pagaría casi 300 euros menos que un catalán (4.795 euros frente a 5.103, respectivamente), mientras que, con un sueldo de 160.000, abonaría unos 4.500 euros menos que un valenciano (58.000 vs 62.500).
Asimismo, Madrid ha eliminado el Impuesto de Patrimonio. De este modo, aragoneses y extremeños tendrían que abonar entre 1.000 y 418.000 euros al año para mantener capitales de entre 800.000 y 15 millones -una vez excluidos los 300.000 euros exentos de vivienda habitual-, mientras que los madrileños pagarían cero.
Algo similar sucede en Sucesiones, donde una herencia de 800.000 euros soportaría una carga próxima a 1.600 euros en Madrid frente a los 103.000 de Asturias.
En Donaciones, por su parte, siguiendo el mismo ejemplo, un madrileño abonaría unos 2.000 euros en comparación con los casi 210.000 euros de un andaluz.
Por último, Madrid también disfruta de la menor carga fiscal del país en materia de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, mientras que Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana aplican los impuestos más altos, convirtiéndose así en los mayores infiernos en esta materia.
