Ni antes ni ahora. España, su economía, nunca ha necesitado inmigrantes. No los ha necesitado nunca para que las empresas pudieran cumplir con sus planes de producción. Y tampoco los necesitará nunca a fin de garantizar que la Seguridad Social devenga capaz de satisfacer sus compromisos financieros a largo plazo ante la caída de la tasa de natalidad. España, su economía, simplemente no ha necesitado jamás de la arribada de inmigrantes. Sin embargo, cuando tanto los gobiernos del PSOE como los del PP se dedicaban a incentivar con entusiasmo la construcción de cientos y cientos de miles de viviendas que el país tampoco necesitaba porque no las iba a ocupar nadie, a España llegaron aproximadamente cuatro millones de inmigrantes. En torno a 1,9 millones durante la segunda legislatura de Aznar. Y una cantidad similar, 1,9 millones, en la primera de Zapatero. Era cuando España, país que apenas representa el 13% de la población de la Eurozona, creó el 35% de todos los nuevos puestos de trabajo registrados en ese conjunto de países. Resulta que, entre 1995 y 2007, los españoles alumbramos uno de cada tres empleos generados en la segunda región económica más rica y dinámica del mundo. ¡Uno de cada tres! Una hazaña asombrosa.
Pero lo más asombroso es que nuestro registro nacional de parados en ningún momento bajó durante aquellos años gloriosos de 1,8 millones de personas. Creábamos más empleos que nadie en Europa y seguíamos teniendo más desempleados que nadie en Europa. ¿Cómo demonios entenderlo? Pues porque estábamos generando cientos de miles de puestos de trabajo en España, millones de hecho, que solo servían para reducir los niveles nacionales de desempleo en Sudamérica, en el Magreb y en algunas naciones del Este. Exclusivamente para eso. El modelo económico español auspiciado por todos los Ejecutivos de PSOE y PP era -y es- una eficacísima máquina especializada en crear el tipo de empleos que los españoles no quieren mientras que cierta clase de extranjeros (los poco o nada cualificados) sí quieren. Así de simple. Porque no hay mucho más misterio que ese. Después, es sabido, cuando nadie compró esas casas nuevas que no hacían falta y el país se fue a pique, casi todos aquellos extranjeros más bastantes nacionales a los que ya no les quedó otro remedio acabaron recolocándose con el tiempo en empleos similares, esto es, los caracterizados por los bajos salarios y la baja productividad asociados al sector servicios, con especial énfasis en todo lo relacionado con el turismo. En el mejor de los casos, mieleuristas. Pero solo en el mejor y más óptimo de los casos.
Mileuristas extranjeros que supondrán una carga inasumible para nuestro Estado del Bienestar en la medida en que su número continúe aumentando. Y es que, lejos de ayudar a resolver el problema de la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de protección social, el crecimiento incontrolado de los trabajadores extranjeros no cualificados provoca justo lo contrario. No es retórica nacionalista. Son números. Sencillos y prosaicos números. Incluso en la eventualidad tan improbable de que un inmigrante no cualificado cotizase en España a la Seguridad Social durante toda su vida adulta, o sea desde los 18 hasta los 67 años de modo ininterrumpido, su aportación personal al sistema rondaría los 136.000 euros. Después, una vez jubilado, recibiría de él unos 220.000 euros antes de morir. ¿Eso es sostenible? Siempre que los mileuristas, españoles o extranjeros, no sean muchos, sí es sostenible. Pero cuantos más trabajadores poco cualificados se sumen al sistema, menos viable resultará. En Alemania, pese a sus dos millones y medio de turcos, solo es mileurista uno de cada seis cotizantes. En España, en cambio, uno de cada tres. Y bajando. No, no necesitamos inmigrantes. Lo que necesitamos es incrementar como sea la productividad de los trabajadores españoles. Pero esa es otra historia.