No es ningún secreto que la famosa renta agraria, conocida como PER, ha servido como un eficaz instrumento de clientelismo político para mantener decenas de miles de votos cautivos en Andalucía y Extremadura, los tradicionales feudos socialistas, a cambio de una paguita cuyo único requisito es la realización de un número mínimo de peonadas al año.
El Gobierno en funciones del PSOE pretende ahora extender este modelo a toda España a través de su "ingreso mínimo vital". La idea consiste, básicamente, en conceder una nueva prestación a todas aquellas familias que no alcancen un determinado nivel de renta. La propuesta inicial ya fue planteada en su día por Podemos y los sindicatos UGT y CCOO, aunque el pasado junio recibió varias críticas por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Los socialistas, sin embargo, ultiman un programa similar, a medio camino del que defienden los sindicatos y la alternativa que plantea la AIReF. Su propuesta consiste en un subsidio mínimo de 600 euros al mes para las familias de rentas más bajas, cuya cuantía máxima podría ascender a 1.800 euros en función de la situación económica y el número de miembros del hogar, informa elEconomista. En concreto, su modelo contaría con dos ramas: un subsidio para los hogares con pobreza infantil severa, con cuantías de entre 600 y 1.800 euros; y otro para hogares en situación de alta pobreza, con pagas de entre 600 y 1.200 euros.
A diferencia de lo que plantean los sindicatos, su concesión dependería del nivel de renta de la unidad familiar, con independencia de si alguno de sus miembros está trabajando, en línea con lo que defiende la AIReF, ya que, si el único requisito para recibir este subsidio es el paro de larga duración, desincentivaría aún más la búsqueda activa de empleo.
Asimismo, la renta mínima del Gobierno no sustituiría al resto de subvenciones similares que existen a nivel autonómico y local, tal y como recomendaba la AIReF. Y su cuantía, en todo caso, superaría en cerca de un 40% lo recomendado por este organismo. Como resultado, su coste fiscal, lejos de los 3.500 millones de euros calculados por la AIReF, podría superar los 7.000 millones al año, en función del volumen de beneficiarios cubiertos. Las estimaciones iniciales del Gobierno avanzan que unas 730.000 familias podrían acogerse a este nuevo subsidio.