El Gobierno en funciones que preside Pedro Sánchez hace caso omiso a las crecientes señales de desaceleración económica. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha avanzado este lunes que la intención del Ejecutivo socialista es elevar la actual previsión de crecimiento para este año, situada en el 2,2%, a "como mínimo" el 2,3%, en línea con las estimaciones de algunos organismos internacionales, según ha señalado en una entrevista a la cadena SER.
El pasado julio, la Comisión Europea revisó dos décimas al alza, hasta el 2,3%, su previsión de crecimiento para el PIB español y, previamente, el Banco de España elevó su estimación hasta el 2,4%. El Gobierno se agarró a estos cálculos para anunciar el aumento de su propia previsión en el próximo cuadro macroeconómico, aunque sin ofrecer cifras. Ahora, Montero concreta que, como mínimo, el crecimiento previsto será del 2,3% este año.
El problema, sin embargo, es que todas estas cifras parecen haber quedado desfasadas ante el súbito e inesperado frenazo que ha empezado a experimentar tanto la economía nacional como internacional en el segundo trimestre. Algunos indicadores, como la curva de rendimientos o los índices de gestores de compras (PMI) apuntan ya a una clara desaceleración del crecimiento global, cuyo desarrollo podría traducirse en una contracción del PIB en la zona euro e incluso EEUU.
Por el momento, la economía de la zona euro apenas avanzó un 0,2% en el segundo trimestre, la mitad que en el primero. Además, la caída de la producción industrial en Alemania anticipa un descenso de su PIB, situación que ya padece Reino Unido, mientras que Francia se mantiene estancada e Italia sufre nuevas turbulencias como consecuencia de la crisis política que atraviesa el país, ya que no se descarta un nuevo adelanto electoral tras la ruptura del actual Gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga.
Pero es que, además, España también presenta sus propias debilidades. El parón que ha registrado la creación de empleo, el descenso del consumo energético, la desconfianza del consumidor o la peor evolución que experimenta la actividad del sector privado son claras muestras de desaceleración económica. El PIB creció un 0,5% en el segundo trimestre, dos décimas menos que en el primero, y todo indica que, en el mejor de los casos, se mantendrá este ritmo en lo que queda de año, aunque no se descarta un empeoramiento, lo cual daría al traste con el optimismo que rezuma el Gobierno.
"Esqueleto" presupuestario
Por otra parte, la ministra ha explicado que su Departamento tiene ya "bastante avanzado el esqueleto técnico" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020, aunque faltaría resolver la parte política, es decir, la que depende de las negociaciones con otras formaciones políticas. "Mi ministerio tiene el esqueleto de cómo se comportaría el presupuesto de 2020 en función de la estimación de recaudación", ha señalado la ministra, que cree que si en septiembre se pone el interés del país en primer plano y se consigue la formación de un Gobierno, daría tiempo a aprobar las cuentas del próximo año.
En todo caso y en relación con los 4.500 millones de euros de entregas a cuenta que se reclaman desde los gobiernos autonómicos, Montero ha indicado que la Abogacía del Estado le ha dado el visto bueno para proceder a actualizarlas aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Eso sí, la ministra ha indicado que para poder hacerlo el Gobierno no puede estar en funciones, ya que la Abogacía del Estado entiende que eso podría condicionar la actividad hipotética del futuro Ejecutivo, una postura que Montero ve lógica, aunque "no se da por vencida" para superar esta última barrera.
En todo caso, la ministra de Hacienda en funciones ha garantizado que la primera decisión que tome el Gobierno una vez constituido será precisamente la de actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Montero ha recordado que si no tienen ese dinero aún es porque PP, Ciudadanos y los partidos independentistas tumbaron el Presupuesto del Estado para 2019. "No se puede soplar y sorber al mismo tiempo, aquellos que tumbaron el Presupuesto no pueden venir ahora a pedir cuentas de las consecuencias de esa decisión", ha subrayado.
La ministra ha negado que esté presionando a los gobiernos autonómicos con las entregas a cuenta para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, como sí hacía el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, para lograr apoyos a los Presupuestos. "Montoro utilizaba las entregas a cuenta para apretar con los Presupuestos y yo he dicho con claridad que no pueden depender los presupuestos autonómicos de que se apruebe el presupuesto del Estado", ha afirmado. La ministra ha indicado además que, con un Gobierno en funciones, no se puede aprobar tampoco el techo de gasto.