En España se aprueban 12.000 normas nuevas al año. Cada año, sí. Eso son 33 normas al día (sábados y domingos incluidos). O casi una norma y media cada hora. También en agosto. En el tiempo que haya durado su relajado almuerzo en un chiringuito playero hoy, España tendrá tres normas nuevas con las que deberá cumplir. Siento haberle amargado la comida.
En 1979, sin embargo, se aprobaban unas 3.000 normas al año. Su producción, pues, se ha multiplicado por 4 en 40 años. Las grandes impulsoras de esta hiperactividad normativa han sido las comunidades autónomas. El 70% de las 12.000 normas anuales son autonómicas, frente a un 15% estatal y un 15% local.
Todo ello se traduce en más de 200.000 páginas del BOE al año. A estas se suman cientos de miles de páginas de los boletines autonómicos entre los que destaca, cómo no, Cataluña: el boletín oficial catalán publica más de 100.000 páginas al año.
Estos son los grandes datos del artículo titulado La "complejidad" de la regulación española ¿cómo medirla? ¿qué impacto económico tiene? recientemente publicado por el economista Juan Mora-Sanguinetti en la revista ICE de la Secretaría de Estado de Comercio (y resumido por Expansión aquí). No es el primer estudio que se hace al respecto en España. La cifra de 100.000 normas vigentes en nuestro país (de las que 65.000 serían autonómicas) es conocida desde hace años. La cuestión es qué se puede hacer al respecto. Aquí va una propuesta.
Fijémonos en la Orden ejecutiva 13771 firmada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en enero de 2017. Dicha orden impone a las agencias federales norteamericanas derogar dos normas existentes por cada una nueva que aprueben. Es el sistema conocido como one in, two out (una dentro, dos fuera). La idea no es original de Trump. Ya se ha probado antes en Canadá, Reino Unido y Australia. Pero nunca antes había alcanzado una dimensión comparable a la del gobierno federal norteamericano.
El sistema se basa en calcular el coste que tiene cada norma. En función de ello, el coste total regulatorio no debe aumentar. Es decir, si el coste de una norma propuesta es superior a cero, el coste añadido deberá ser financiado por la derogación de otras normas.
La clave de bóveda del sistema es la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMD en inglés). Esta oficina –puramente técnica- calcula el coste de cada norma. Y su director aprueba o bloquea toda normativa propuesta. Los disparos con pólvora de rey de políticos y funcionarios se someten pues al filtro de su coste económico. Es una ingeniosa forma de acabar con la fórmula básica del socialismo: invito yo, pero pagas tú.
¿Qué ha pasado en los dos años y medio transcurridos desde la firma de la Orden Ejecutiva 13771? Es cierto que no se han derogado muchas normas antiguas, pero tampoco se han creado muchas nuevas. Se ha conseguido, pues, frenar la deriva hiperregulatoria. Esto ya hace que haya merecido la pena aprobar la reforma. Se ha generado mayor seguridad jurídica.
Ahora que se acaban de conformar muchos Gobiernos autonómicos y todos los municipales en España, sería un buen momento para poner en marcha una reforma similar. Los españoles agradeceríamos un poco de oxígeno en este clima de asfixia regulatoria.