Hay fenómenos culturales, incluso sociales, que en el ámbito privado resultan claros a los ojos de los hombres, cuando, contrariamente, no se aceptan en la esfera pública.
¿Por qué así, cuando nos situamos ante la intervención pública? ¿Pretenden las intervenciones del sector público crear ciudadanos autónomos para afrontar su futuro? Mi opinión, ab initio, es la contraria, existiendo razones más que sobradas para ello.
La fundamental, quizá, es que el Gobierno – protagonista de la intervención pública – se siente muy cómodo cuando cuenta con una población de siervos, no tanto ante ciudadanos autónomos; es decir, ante seres libres, titulares de derechos y obligaciones, con voluntad independiente ante quien gobierna, incluso, contra quien gobierna.
De aquí que al Gobierno le gusten más los Decretos puntuales que las Leyes; que, prefieran los decretos de vigencia corta y beneficiarios identificados que los de largo plazo y abiertos a la comunidad. Conceder beneficios a unos administrados, dos o tres veces al año – recordemos los planes PIVE para adquisición de automóviles – es preferente a la proclamación de principios de aplicación general y sin término de caducidad.
Que eso trastorna el mercado de la automoción tanto que incluso los más avezados no puedan realizar previsiones del mismo, poco importa al Gobierno. Al fin y al cabo, el beneficiario del PIVE siempre dependerá de la voluntad de éste.
Últimamente hemos asistido al retraso en la definición de cuantías y su convocatoria para los pretendientes a vacaciones del IMSERSO. Los hosteleros y los pretendientes turistas, lejos de pensar en las condiciones del mercado para tomar sus decisiones, han estado pendientes del Gobierno, seguramente sin valorar su condición de dependientes.
Así las cosas, parece indiscutible que la creación de dependencia ciudadana por cualquier gobierno puede ser uno de los mejores negocios que un gobernante pueda soñar. La sencillez de promesas gratuitas en un proceso electoral sobre una población dependiente convierte en esclavos a los que otrora fueron personas libres.
PIVE e IMSERSO se multiplican en la tarea de gobernar, como forma de capitalizar esa dependencia, que las concesiones dativas públicas producen en el beneficiario. Lo que ocurre, para desgracia del gobierno, es que también puede originarse una dependencia de los propios gobernantes.
Un arma aparece siempre en escena: el volumen de empleo que generan las dádivas gubernamentales. Puestos de trabajo en la producción de automóviles – directos e indirectos – que dependen de un nuevo plan. En estos momentos, ya han advertido los hosteleros de los despidos a practicar caso de no ponerse en marcha, inmediatamente, el turismo IMSERSO.
¡El mercado acaba teniendo razón! Ni aquello eran empleos naturales, ni lo de ahora son despidos por contracción de mercado; esto no es mercado. Lo cierto es que el Gobierno teme aparecer como quien destruye puestos de trabajo y, consecuentemente, como responsable del desempleo. Pero él es el único responsable de haber manoseado el mercado, manipulando oferente y demandantes.
¡La libertad es muy cara, por eso hay quien elige la esclavitud!