El Tribunal Superior de Australia ratificó este miércoles la legalidad del despido de una funcionaria que criticó la política migratoria del Gobierno de forma anónima en Twitter, en un caso emblemático sobre la libertad de expresión en el país.
Michaela Banerji fue despedida en 2013 por el Ministerio de Inmigración y Protección de Fronteras por violar el Código de Conducta del Servicio Público, que obliga a los funcionarios a ser apolíticos en todo momento, tras una serie de críticas que publicó bajo el usuario @Lalegale contra la política gubernamental. Banerji emprendió un proceso legal por considerar que fue despedida de forma improcedente que llegó hasta el Tribunal de Apelaciones Administrativas, que determinó que su baja forzada era razonable.
Esa decisión fue ratificada por la máxima instancia judicial australiana, que argumentó que "la libertad implícita de comunicación política no es un derecho personal de libertad de expresión", según el fallo publicado en el portal de la institución. "La única ventaja del caso y de haber tomado esa medida fue afirmar el papel de la libertad de expresión de los servidores públicos y (ahora) hemos perdido", dijo Banerji a la prensa a la salida del tribunal.
"No se trata solamente de mi derrota, es una derrota de todos nosotros. Lo siento mucho", añadió la exfuncionaria en declaraciones transmitidas por el canal público ABC. Su abogado, Allan Anforth, recalcó que la decisión tendrá un impacto no solo para los dos millones de funcionarios públicos de todas las jurisdicciones del país,sino también para otros trabajadores de Australia.
"El impacto es que en cualquier relación empleado-empleador, si el empleado es crítico con la posición del empleador en algún asunto social políticamente relevante, éstos pueden ser despedidos", precisó. La secretaria del Sindicato del Sector Público y Comunitario australiano, Nadine Flood, calificó el fallo como "decepcionante" y defendió el derecho de los trabajadores públicos "a participar en nuestra democracia como cualquier otro".
"Los que trabajan en agencias gubernamentales deberían gozar de derechos normales como ciudadanos en lugar de enfrentarse a una censura owelliana por el empleo que tienen", dijo Flood en un comunicado del sindicato. Desde 2014, el Gobierno australiano ha aprobado una decena de leyes para dar más poder a las agencias de seguridad e inteligencia así como para sancionar a los funcionarios que filtran información sensible del Ejecutivo, incluida la situación de los inmigrantes recluidos en las islas del Pacífico.