El Ayuntamiento de Barcelona tan sólo ha recibido 64 solicitudes de licencia de obra para construir bloques residenciales con más de 600 m² desde que obligó a los promotores a reservar el 30% de estos proyectos a vivienda social, lo cual supone un desplome del 72% en comparación con el mismo período del pasado año, cuando se solicitaron 234 licencias.
Así pues, la actividad inmobiliaria se paraliza en la Ciudad Condal y reducirá la oferta disponible, con el consiguiente aumento de precios en caso de que la demanda de vivienda se mantenga a corto y medio plazo. Es decir, justo lo contrario de lo que pretendía la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, con su polémica medida.
Pese a todo, el Ayuntamiento no piensa dar marcha atrás. La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, asegura a El País que las peticiones de obra nueva se normalizarán conforme esta medida se consolide en el tiempo, ya que cree que había una bolsa de solicitudes congeladas. "Había quien creía que el cambio de norma quedaría sin efectos tras las elecciones", indica, por un posible cambio en el Ejecutivo municipal tras las elecciones que no se ha producido.