Cualquier presupuesto no pasa de ser un "plan económico-financiero" que, en el ámbito en que se presente, en el marco de aquellos a los que afecte, genera compromisos para quien lo presenta y reconoce derechos implícitos para los afectados.
Esto ocurre para cualquier entidad económica o financiera –estoy pensando en cualquier tipo de sociedad de capital–, que aprobado el presupuesto por la Junta General, todos los accionistas tienen derecho a exigir su cumplimiento, pudiendo impugnar la gestión y reclamar por los daños causados en caso de incumplimiento.
El caso del Presupuesto del Sector Público no es diferente, salvo por el hecho de quien puede ser engañado: no serán simplemente los accionistas de la sociedad anónima o los socios de la sociedad limitada, sino el pueblo español, en nuestro caso, que confió y aprobó a través de sus representantes en Las Cortes Españolas el "plan" presentado por el Gobierno.
También será ese pequeño centenar de representantes el habilitado para pedir cuentas y exigir responsabilidades al Gobierno, cuando se hubiera incumplido el "plan" aprobado por ellos mismos en su día.
¿Qué ocurriría si estas exigencias no se llevaran a término? En el primer caso, en las entidades privadas a buen seguro habría ceses, en muchos casos notables, atendiendo el clamor de la mayoría de los accionistas o de los socios. En el segundo caso, si los gestores –es decir, el Gobierno– contaban con la mayoría disciplinada de los representantes, no tendría otro efecto que la posibilidad de que los representados penalizasen su conducta indolente negándoles el voto.
El Presupuesto Público, algo de esto nos enseña la Hacienda Pública, es el documento más importante en cualquier gestión de gobierno de una nación. No es una simple cuenta de Entradas y Salidas o de Ingresos y Gastos. Desde que se alumbró la Hacienda Funcional –Abba Lerner– el Presupuesto del Sector Público es un Plan de Acción Económica: de aquí la diferenciación entre presupuestos para el crecimiento, o para la estabilización, o en fin para la redistribución, en busca una mayor igualdad económica entre los ciudadanos.
De aquí mi pregunta, en nuestro país y en este momento: ¿cómo puede alguien querer ser Presidente de un Gobierno cuando, por razón de plazos, no puede aprobar los presupuestos para los fines que su Gobierno pretende desarrollar? Y en el caso del Sr. Sánchez ya llovería sobre mojado porque hoy está gobernando –en funciones, aunque ya lo hizo estando vigente su Presidencia– con los presupuestos prorrogados de 2018, aprobados a propuesta del Gobierno de Rajoy.
¿A quien se pretende engañar si las promesas electorales no se ven reflejadas en los objetivos presupuestarios? El recurso a gobernar por Decreto es un insulto a la democracia y un fraude a la confianza cosechada en los votos.
No poder ampliar el techo de gasto es, quizá, lo único bueno de no poder tener nuevo presupuesto.