El déficit fiscal de hoy son los impuestos de mañana. Esta tesis del inglés David Ricardo data del siglo XIX y fue completada en el siglo XX por el estadounidense Robert Barro. Ambos autores pusieron de manifiesto con sus informes la equivalencia última entre ambos escenarios: puede que, en el corto plazo, el déficit reduzca el pago de impuestos… pero, en el largo plazo, esos pagos aplazados terminarán llegando al bolsillo de los contribuyentes.
En el caso de España, el problema del déficit es mucho más pronunciado que en otros países de la UE-28. El pasado año 2018, el desfase entre ingresos y gastos ascendió al 2,48% del PIB, un ratio equivalente a gastar 29.982 millones de euros por encima de los recursos fiscales recaudados por la Agencia Tributaria.
Es cierto que España está hoy mejor que en 2009, 2010, 2011 o 2012, cuando la brecha entre ingresos y gastos se situó por encima de los 100.000 millones de euros. Sin embargo, también es cierto que ningún otro país de la UE-28 acumula tantos años bajo la supervisión fiscal de los técnicos de Bruselas.
El resultado directo de una década de indisciplina fiscal es un fuerte crecimiento en la deuda pública, que ha subido intensamente hasta alcanzar el pasado mes de mayo los 1.195.865 millones de euros, cifra equivalente al 98,2% del PIB o, lo que es lo mismo, un endeudamiento de 25.479 euros por habitante. En 2009, los pasivos de las Administraciones Públicas ascendían a 568.700 millones de euros, lo que suponía el 52,3% del PIB y unos 12.234 euros por habitante.
¿Qué ocurrirá en 2019? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha indicado que ve "factible" que el déficit público se sitúe este año en el 2% del PIB. Teniendo en cuenta que la previsión de crecimiento que maneja dicha entidad es del 2,2%, el diferencial entre ingresos y gastos se reduciría solo tímidamente, hasta los 25.000 millones de euros.
Esos 25.000 millones de euros de saldo negativo son un "mordisco" importante para el contribuyente. Aunque se traslada al futuro mediante la emisión de deuda, las obligaciones futuras que se derivan de esta apuesta son más que preocupantes. Para poner en perspectiva este dato, basta con señalar que cada familia tendría que pagar 1.375 euros más en impuestos para "cerrar" la sangría.