Por un sistema universal de jubilación: más justo, más sencillo, para todos.
Hay que restablecer la confianza en el pacto entre generaciones. Y por eso hay que proceder a una verdadera refundación de nuestro sistema de jubilación. Una refundación que debe preservar el modelo en el que confían los franceses: un sistema de reparto, basado en la solidaridad entre generaciones, que tenga en cuenta la carrera laboral de cada uno, pero también garantice un alto nivel de solidaridad.
Jean-Paul Delevoye, Alto Comisionado para la reforma de las pensiones
El lenguaje políticamente correcto suena igual en Francia y en España. Y si hay un tema en el que todo el mundo anda con pies de plomo, ése es el de las pensiones. Incluso cuando alguien se atreve a plantear una reforma, en este caso Emmanuel Macron, el primer objetivo parece ser convencer a todos de que, en el fondo, nada cambiará. De que nadie perderá. De que sólo habrá ganadores.
Obviamente, eso no es verdad. No puede serlo. Si se reforman las pensiones y el sistema de reparto es porque hay que reducir la factura anual para las arcas públicas. La que se paga ahora y la que se pagará en un futuro si no cambian las normas. Y si se reduce la factura (o se minora el incremento de la misma a futuro) eso quiere decir que los jubilados cobrarán menos: en términos absolutos o menos de lo que habrían cobrado si no se hubieran tocado esas reglas.
Por ahí va la reforma de las pensiones que patrocina el Gobierno de Emmanuel Macron y por ahí marchará la que se hará en España, más pronto o más tarde. Dicen que fue Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, el que primero dijo aquello de que "el arte de cobrar impuestos consiste en desplumar al ganso de tal manera que se obtenga el máximo monto de plumas con el mínimo posible de quejas". También en Francia parecen haberse dado cuenta de que el arte de reformar las pensiones consiste en hacerlo de modo que se obtenga el máximo ahorro para el Estado con las menores protestas del público. Estamos convencidos de que los políticos españoles tomarán nota. Esto es lo que se ha planteado en el país vecino. No se extrañen si, en unos meses, comienzan a recibir mensajes similares por aquí.
Las propuestas
El documento no es oficial. O no del todo. No es un proyecto de ley. Pero no puede decirse que sea ajeno al Gobierno, que se lo encargó a Delevoye y que ha respaldado su contenido, entre otras cosas porque es muy parecido, en su planteamiento general, a lo que Macron prometió durante la campaña de las Presidenciales de 2017. Eso sí, Edouard Philippe, primer ministro, lo primero que hizo, nada más recibir el informe, fue anunciar que sometería las conclusiones y propuestas del alto comisionado a los agentes sociales, a los que llamó al diálogo (los sindicatos franceses más radicales ya han respondido con amenazas de huelga). Y el propio presidente francés también ha dicho que quiere que esto sea el "comienzo de un debate" con el que conseguir "transparencia". Según informa EFE, el escenario que más se ha barajado en los últimos días es el de "una presentación del proyecto de ley en diciembre o en enero y el comienzo del debate parlamentario después de las elecciones municipales de marzo".
En cualquier caso, la trayectoria política del informe es casi lo de menos. Al menos visto desde España. Macron tendrá problemas con su oposición y con los sindicatos como los tendría cualquier otro Gobierno. Y aquí sí las peculiaridades del paisaje político galo tendrán su importancia. Pero lo más relevante es la parte de las propuestas, porque por ahí sí hay algunos puntos en común con lo que podría ocurrir en nuestro país. Las siguientes son las más destacadas:
- Unificar el sistema: en Francia esto ha generado mucho ruido. En España sería menos problemático. Al fin y al cabo, en nuestro país hay menos sistemas conviviendo. Ahora mismo, el Ministerio divide las pensiones de jubilación vigentes en siete regímenes (General, Autónomos, Mar, Carbón, Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales, SOVI). Entre todos, el año pasado sumaron 5.929.470 pensiones mensuales de jubilación (media de 2018; ver aquí datos oficiales de las estadísticas de pensiones). Pero casi 5,5 millones (el 92%), se repartían entre el régimen general y el de autónomos. Y, además, el resto de regímenes pierde beneficiarios año a año (no sólo en jubilación, sino también en viudedad y en las demás clases de pensiones). En términos prácticos podríamos decir que marchamos hacia un sistema con dos grandes regímenes: general y autónomos.
En Francia, por el contrario, el informe habla de hasta 42 regímenes diferentes. Un sistema caótico y con reglas diferentes que genera una enorme desigualdad. Complejo y poco transparente. Y que dificulta la movilidad laboral, porque muchos trabajadores, sobre todo los que están más cerca de la jubilación, tienen miedo a perder pensión si cambian de régimen.
La idea de Macron, ya anunciada en la campaña electoral, es pasar a un único sistema basado en puntos, en el que cada euro de cotización, sea cual sea el sector del trabajador, genere los mismos derechos. El problema al que se enfrentará es fácil de prever: si hay 42 regímenes diferentes, es porque los hay mejores y peores. Al unificarlos, habrá quien gane y quien pierda. O quien gane más y quien gane menos. O peor aún, quien pierda más y quien pierda menos. Los empleados públicos y los miembros de sectores mimados por los anteriores gobiernos franceses (gran industria, infraestructura…) no querrán perder esos privilegios. Por ahí se intuye un enorme problema para cualquier reforma.
- Los puntos: aunque la unificación será polémica, lo que define esta propuesta es el tema de los puntos. En esta cuestión, el esquema general no es totalmente novedoso, aunque sí está planteado de forma algo diferente. La música suena muy parecida al modelo sueco de cuentas nocionales: las aportaciones de los trabajadores vía cotización se van sumando a lo largo de toda la vida laboral; luego, una vez que alcance la edad de jubilación, se calcula a cuánto asciende lo cotizado y se calcula la pensión en consecuencia. No hay, por lo tanto, período de cálculo, ni un número de años mínimos que cotizar, ni las otras reglas que definen al modelo español.
Quizás la mejor manera de explicarlo sea con el ejemplo que incluye el propio informe de Delevoye:
- Un salario bruto de 2.281,8 euros brutos al mes (1,5 veces el salario mínimo en Francia) genera una cotización contributiva de 577,5 euros al mes (el 25,31% del salario).
- Por cada diez euros cotizados, se genera derecho a un punto. Por lo tanto, este trabajador tiene 693 puntos al año. Si trabaja 43 años, con este sueldo, acumularía 29.799 puntos.
- La recomendación del informe, con el actual escenario demográfico y la esperanza de vida de los franceses, es que se le otorgue un valor de 0,55 euros a cada punto: por lo tanto, los 29.799 puntos darían lugar a una pensión de 16.389 euros al año, o 1.366 brutos al mes o 1.265 netos al mes, con lo que se conseguiría una tasa de reemplazo del 70% del salario.
- Si lo queremos ver de otra manera: por cada 100 euros cotizados (en términos reales) a lo largo de la carrera laboral, se generaría un derecho a 5,5 euros anuales de pensión durante toda la vida del nuevo jubilado.
- En este punto hay que aclarar que todas las cifras, tanto las de la pensión como las cotizaciones, se revalorizarían año a año. Es decir, el dinero cotizado con 25 años, 40 antes de la jubilación, se ajustaría a su valor real en el momento del retiro (el informe recomienda usar un índice que se mueve en función de la evolución del salario medio, pero también podría usarse el IPC). Y la pensión que se otorgase a los 65 años también iría subiendo año a año para asegurar que mantendría su poder adquisitivo durante el resto de la vida del jubilado.
- Régimen transitorio: como era previsible, la propuesta plantea un período de transición, pero no demasiado largo. Apenas 5 años: desde 2020, cuando se debería presentar el proyecto de ley, hasta 2025, cuando se haría efectivo. Eso sí, con un matiz: los derechos adquiridos con el actual modelo serían respetados. Esto quiere decir que se calcularía la pensión a la que tiene derecho cada trabajador ahora mismo (si se jubilara) y se transformarían esos euros en puntos, que se sumarán, cuando se jubile, a los puntos generados bajo el nuevo sistema. La idea es que nadie pierda nada de lo generado hasta ahora (una disposición que debería suavizar las protestas al proyecto).
Es más, en este punto, el texto del documento apunta a que habrá que "tener en cuenta las situaciones particulares y las características de todas las profesiones". Parece una concesión a todos esos regímenes especiales de los que hablábamos antes. Y sí, políticamente es evidente que implantar un régimen transitorio más largo que aplique a determinados colectivos puede ser una manera de endulzar la medicina. El problema es que también podría generar todavía más desigualdad y limitaría las ganancias por el lado del gasto.
- Edad: el punto más polémico. La edad legal mínima en Francia es ahora mismo de 62 años, siempre que se haya cotizado un número determinado de trimestres. El informe propone que ese límite siga siendo válido (lo contrario sería muy impopular) pero con un matiz, la introducción de lo que podría traducirse como "edad de prestación completa": es decir, sería posible jubilarse a los 62, pero para cobrar el 100% de la pensión de acuerdo a los puntos acumulados, habría que retrasarlo. Se habla de los 64 años como nuevo límite inferior y de incentivos para alargar aún más la carrera laboral.
Las lecciones
A partir de estas líneas generales, hay muchas otras cuestiones menores pero interesantes. La propuesta recoge, por ejemplo, que los períodos de baja (por maternidad o enfermedad) estén cubiertos igual que los trabajados. O que la pensión se incremente en un 5% por cada hijo para uno de los dos progenitores.
En este punto, podría pensarse, en una primera aproximación, que nada de esto nos interesa demasiado en España. Parece muy lejano respecto a las reformas planteadas en nuestro país. Pero, cuidado, hay muchos aspectos interesantes en lo planteado en Francia que no son tan ajenos a lo que hemos visto y a algunos de los debates de los últimos años. Sí hay lecciones que podemos sacar al sur de los Pirineos.
Para empezar, el tema de los puntos: como decimos, se parece mucho a las cuentas nocionales. Parece claro que éste es el camino escogido en muchos países europeos. Es una manera de terminar con las famosas reglas paramétricas, que siempre tienen un punto de injusticia: premian más los últimos años, penalizan a los que tienen problemas al final de su vida laboral, establecen criterios de corte que por necesidad tienen que ser arbitrarios… En un modelo como el planteado en Francia, la regla está clara: tanto cotizas en tu vida, tantos puntos acumulas.
Además, la forma en la que se produce la transformación de puntos a euros deja margen para reformas posteriores más o menos sencillas. Como hemos visto, ahora mismo cada punto genera 0,55 euros al año. Si las cuentas siguen sin cuadrar o es necesario algún ajuste, puede conseguirse de un día para otro tocando esa cifra. Suena más técnico y menos doloroso que las actuales reformas, que hablan de edad de jubilación, exigir más años cotizados o ampliar el período de cálculo. Pasar de 0,55 a 0,5 parece un ajuste pequeño, pero para el sistema puede ser un ahorro muy importante.
Es cierto que en España este tipo de propuestas nunca han tenido demasiada aceptación. Pero lo que se plantea ahora mismo (o lo que estuvo encima de la mesa del Pacto de Toledo en la última legislatura) sí tiene algunos puntos en común. Podemos imaginar un sistema en el que se amplíe el período de cálculo de la base a toda la vida laboral y que se combine con una regla similar al Factor de Sostenibilidad aprobado por la reforma de 2013 (que ahora mismo parecer estar herido de muerte, pero podría resucitar en cualquier momento): un modelo así no sería tan diferente de lo explicado en este artículo.
De hecho, no es casual que la mayoría de las reformas aprobadas en la UE en los últimos años hayan apostado por este camino. Ampliar el período de cálculo a toda la vida laboral suena a justicia para el trabajador, a contar todo lo que cada uno haya aportado durante su vida activa. Y en cierto sentido así es. Pero no podemos olvidar que también implica un recorte de la prestación para la mayoría, porque casi todos ganamos más en los últimos años de nuestra carrera que en los primeros y las nuevas reglas se implantan para que el cálculo salga negativo para la mayoría (de nuevo, el ganso y las plumas).
En la misma línea, lo de la edad de jubilación flexible también tiene muchas posibilidades de llegar a nuestro país en los próximos años. Aquí la idea es no tocar la frontera que tenga en la mente el ciudadano medio: en nuestro caso, los 67 años que implantó la reforma de 2011. Hay que dejar la edad teórica, porque es un tema muy sensible desde el punto de vista político. Pero se modifica en la práctica con las reglas de acceso: algo así como, "puedes jubilarte a los 67; pero si quieres cobrar el 100%, tendrá que hacerlo a los 70 o tener 50 años cotizados…". Es una manera de subir la edad de jubilación por la puerta de atrás. Se habla de incentivar carreras laborales más largas y nos recuerdan que cada vez llegamos a edades avanzadas en mejor forma o que cada vez tenemos una mayor esperanza de vida. Todo eso es cierto, pero también lo es que retrasar la edad de jubilación real es una manera sencilla de reducir el gasto en pensiones.
Por otro lado, también se debe destacar que este tipo de sistemas tienen una enorme ventaja: la información. El informe del alto comisionado francés repite en varias ocasiones que "cada ciudadano podrá conocer en todo momento cuántos puntos ha acumulado" y a qué prestación tendría derecho con esos puntos. Algo parecido a lo que ocurre en Suecia, por ejemplo, con la famosa carta naranja y las cuentas nocionales. De esta manera, si alguien a la edad de jubilación cree que su prestación será muy baja, siempre puede optar por alargar su carrera laboral un poco más y ganar más puntos con los que incrementarla.
En España, el discurso oficial siempre pide más información para que los futuros pensionistas sepan cuánto cobrarán y cuáles son sus derechos. Pero luego no es tan sencillo llevarlo a la práctica. En su momento, el Gobierno del PP prometió enviar una carta a todos los cotizantes que estuvieran cercanos a la jubilación, pero nunca llegó a cumplir con aquella promesa. Por una parte, porque es un cálculo complicado: en un modelo basado en reglas paramétricas, cualquier modificación en la situación laboral del cotizante podría variar mucho la prestación futura. Pero también, no nos engañemos, porque dar esa información en un modelo para el que se prevén cambios sería muy peligroso. Esas mismas reglas paramétricas no siempre son comprendidas por el ciudadano. Por ejemplo, lo que decíamos antes de usar toda la vida laboral para el cálculo de la prestación: así dicho, suena bien; en la práctica, es un recorte de la pensión futura para el 90% de los trabajadores. Nadie quiere asumir ese coste y, menos aún, anunciarlo por carta.
Con los puntos o las reglas nocionales, todo parece más sencillo y la información siempre es buena: cada año, el trabajador ve cómo su bolsa de puntos crece. Incluso aunque las nuevas reglas sean más exigentes que las antiguas (y lo serán) lo que recibe de su Gobierno son buenas noticias. Y tiene más claro si le interesa o no jubilarse.
Por último, otro tema que iguala a Francia y España. El gran elefante en la habitación del que nadie quiere hablar. Los dos países están entre los más generosos con sus prestaciones y entre los que cobran cotizaciones más elevadas a sus trabajadores. Así, según la OCDE en Pensions at a Glance 2017, la tasa de sustitución neta supera el 80% en España y el 74% en Francia para un trabajador con un sueldo medio, cuando la media de la OCDE no alcanza el 63%. Y no es sólo la cuantía de la pensión, sino el momento en el que se empieza a cobrarla y los años de vida que tiene por delante el nuevo jubilado: en esto, Francia nos gana, según datos de la OCDE, en 2017 los galos estaban los segundos del mundo en cuanto a edad efectiva más temprana de acceso a la jubilación, con 60,5 años, sólo por detrás de los luxemburgueses. En España también somos de los que antes nos retiramos, pero incluso así, les superamos en más de año y medio: 62,2 años. Con todo esto sobre la mesa, tampoco es extraño que Francia sea el tercer país rico del mundo que más gasta en pensiones, el 14% de su PIB, sólo por detrás de Grecia e Italia.
¿Y esto cómo se paga? Pues con cotizaciones muy elevadas. Todavía más que en España. Porque a ese 25% del que hablábamos antes y que se dedica sólo a jubilación (en nuestro país, hay otros conceptos incluidos), hay que sumar un 2,8% extra para prestaciones no contributivas o complementos de las mínimas. Y con un tope de cotizaciones mucho más elevado que el nuestro. Nada de esto se pone en cuestión en el informe, que se centra casi por completo en el lado del gasto.
El problema es que todas las estadísticas también coinciden en que la brecha fiscal al trabajo en Francia es la más alta de Europa. Según los cálculos del Institut Molinari, un sueldo medio en el país vecino de 56.815 euros (sueldo real, incluyendo las cotizaciones del empleador, que no suelen meterse en el sueldo bruto) tiene unos costes de cotizaciones de 18.766 euros para la empresa y 9.273 para el trabajador: o lo que es lo mismo, casi el 50% de su coste laboral real se marcha en pagar las pensiones de los actuales jubilados. Si a eso le sumamos el impuesto sobre la renta, vemos que al trabajador medio en Francia (no al millonario) se le va más de la mitad de su sueldo en pagar impuestos al trabajo, a los que luego tendrá que sumar el IVA y todos los demás tributos.
El interrogante es cuánto puede sostenerse esta situación. Es decir, en qué momento los trabajadores franceses empezarán a buscar alternativas (más aún, cuando la reforma de las pensiones apunta a reducir las que cobrarán en el futuro) o cuándo el palo a la competitividad a sus empresas será de tal magnitud que les haga materialmente imposible competir con sus rivales o cuándo sufrirá el país una fuga de cerebros por culpa de su presión fiscal al trabajo. También son preguntas que podríamos hacernos en España.