La Fiscalía Anticorrupción ha elevado este lunes en el juicio por la salida a bolsa de Bankia a 8 años y medio de cárcel su petición de condena para el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y ha añadido falsedad contable al delito de estafa a los inversores.
La fiscal Carmen Launa ha hecho suyos los argumentos de una de las acusaciones populares, la de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide penas de hasta 12 años de cárcel y multas millonarias para la entidad, su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte, que fue imputada en el procedimiento a instancia suya.
El ministerio público que hasta ahora acusaba sólo a Rato, y a otras tres personas, José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdú e Ildefonso Sánchez Barcoj, ha decidido ampliar su acusación a otras ocho, a todos los cuales atribuye falsedad contable además de estafa a los inversores. Entre ellos están el socio auditor de Deloitte Francisco Celma; el interventor de Bankia, Sergio Durá, y el exministro Ángel Acebes.
Tanto es así que, "antes incluso de solicitar la autorización al Banco de España, no digamos ya de obtener su aprobación, Rodrigo Rato y su equipo habían anunciado la operación, habían iniciado una imponente campaña publicitaria (...) e iniciaron la segunda segregación para salir al mercado con estructura de doble banco".
Para Launa, el debut bursátil de julio de 2011 buscó evitar la entrada de capital público en la entidad, y por ende un cambio "profundo" en la gobernanza; así pues, en la decisión final concluyeron los intereses públicos con "los privados de los administradores de Bankia de conservar sus puestos en la ya entonces cuarta entidad financiera".
De la salida a Bolsa, la Fiscalía responsabiliza de pleno a Rato, quien se aprovechó de su "prestigio" como exvicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar y de haber sido director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para encarnar "el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad".
Pero también al que fuera su número dos, José Luis Olivas, quien "no sólo participó en las decisiones que ocultaron la realidad en los estados del grupo, sino que desde la privilegiada situación que ostentaba como presidente de Bancaja -una de las siete cajas de BFA- y Banco de Valencia" no incluyó las advertencias debidas en el folleto.
Por este motivo, solicita para él cinco años de prisión por presunta falsedad en las cuentas de 2010, delito al que suma el de estafa a los inversores y por el que la Fiscalía reclama para el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella hasta seis años de prisión.
No obstante, rebaja su petición para el antiguo vicepresidente de Bankia Francisco Verdú a entre seis o nueve meses de prisión, dependiendo de la lectura del Código Penal, pues a pesar de su "destacada situación" no se ha probado que "hubiera obtenido información suficiente para calibrar los deterioros".
La otra novedad de Anticorrupción es que extiende su acusación a integrantes de los consejos del grupo y de sus comités de auditoría, como Ildefonso Sánchez Barcoj (dos años y medio de prisión), Miguel Ángel Soria (dos años), Alberto Ibáñez (un año y seis meses), y Araceli Mora, Pedro Bedía, Remigio Pellicer y José Rafael García Fuster (un año de prisión sustituible por multa).
En este apartado, incluye al exministro Ángel Acebes, para quien reclama hasta un año y medio de cárcel pues, pese a presidir el Comité de BFA, no advirtió en 2012 de los ajustes aún sin registrar de los que había alertado previamente el auditor externo.