Hoy, lunes veintidós de julio, comienza la sesión de investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez. A estas alturas, y después de la fragmentación del Congreso desde diciembre de 2015, vivimos tiempos en los que no existen mayorías absolutas, ni siquiera mayorías amplias, aunque sean minoritarias, que permitan lograr una estabilidad a los distintos gobiernos. Es cierto que Rajoy logró acordar con Ciudadanos un pacto de legislatura que dio estabilidad al ejecutivo, aunque estuviese siete escaños de la mayoría absoluta, pero con Coalición Canaria y con el PNV en los presupuestos -hasta que los nacionalistas vascos lo traicionaron- consiguió estabilidad.
Sin embargo, desde la destructiva moción de censura, no hubo programa alternativo de Gobierno, sino sólo la suma de fuerzas que querían echar al PP del poder, vivimos un momento en el que ni siquiera parece viable un pacto de legislatura.
Eso nos ha introducido en un tiempo de incertidumbre, especialmente, porque el presidente Sánchez no es claro respecto a qué política económica va a seguir. Ni siquiera deja claro si va a poder seguir una política económica, porque no aclara del todo si al final recibirá el apoyo de Podemos y, si es así, si va a gobernar con dicha formación a lo largo de la legislatura, lo que tendría un impacto importante en los presupuestos y, por tanto, en la política económica que siga el Gobierno.
Hasta ahora, sabemos que Sánchez presentó un proyecto de presupuestos que fue devuelto al Gobierno, el cual había pactado con Podemos, y que la actualización del plan de estabilidad que le había enviado a Bruselas contenía la misma directriz de política económica que los fallidos presupuestos, es decir, incremento del gasto no financiero en 5.230 millones, subida de impuestos por importe de 5.654 millones, elevación del déficit y de la deuda en valores absolutos y unas cifras irreales de previsión de ingresos de aquí a 2022.
Pues bien, entre las medidas que Sánchez tendría que tomar si decide gobernar con Podemos a lo largo de estos próximos cuatro años, se encontraría la derogación de la reforma laboral, o, como ellos dicen, de sus puntos principales, que son los que más han contribuido a que el mercado de trabajo sea más dinámico y genere más empleo. Pese a que BBVA Research, en sus últimas previsiones, y la práctica totalidad de instituciones nacionales e internacionales, le piden al Gobierno que dinamice más el mercado laboral, los socialistas no dejan de decir que derogarán aspectos de la reforma que ellos consideran lesivos para los trabajadores, pero que, realmente, son beneficiosos para los ciudadanos, porque son los que han permitido que se creen más puestos de trabajo.
Por tanto, si hay política económica de corte radical de izquierdas, en el medio plazo, además de los efectos negativos de aumento de gasto y de incremento de impuestos, tendremos un efecto negativo derivado de la reforma laboral.
Dichos incrementos de impuestos y de gasto tendrán un impacto negativo en la actividad económica y el empleo. De esa forma, al elevar el gasto en 5.230 millones y los impuestos en 5.654 millones, el PIB perderá 747 millones y se destruirán 10.395 puestos de trabajo. O lo que es lo mismo, tendrá un efecto negativo en la actividad económica equivalente a 3,2 décimas de PIB y una disminución de un 0,33% en el empleo.
Adicionalmente, nos encontramos con los efectos de la derogación de la reforma laboral. Según un estudio de FEDEA de 2016, elaborado por el profesor José Ignacio García Pérez (" efecto de la reforma laboral de 2012 sobre la dualidad y el empleo), la mejora del mercado de trabajo se debía al menos en un 32% al dinamismo que introducía la reforma laboral de 2012.
Pues bien, aplicando ese 32% sobre el incremento de ocupados desde el momento más bajo de los mismos por motivo de la crisis (primer trimestre de 2014, según la EPA) y el primer trimestre de 2019 (último disponible), se perderían 806.560 puestos de trabajo (32% del incremento de ocupados en el período mencionado, que es de 2.520.500 personas), de manera que se pasaría de 19,5 millones de ocupados a 18,7 millones, una disminución del 4,14%.
Esa pérdida de puestos de trabajo vendría dada por una disminución de la actividad económica en un 4,05%, que podría hacer perder 48.935 millones de PIB.
La suma de ambos efectos por aplicar una política económica radical de izquierdas provocaría una pérdida de casi 50.000 millones de PIB y de 817.000 puestos de trabajo.
Ésas serían las consecuencias de una política económica radical de izquierdas. A ello, hay que unir que la inseguridad e incertidumbre que genera en la economía el Gobierno con sus vaivenes y su inconcreción a la hora de tratar claramente cuál es su política económica, podrá tener un impacto negativo en la economía de casi 100.000 empleos menos y de 6.000 millones menos de PIB. Ese efecto de lastre se da simplemente por la ausencia de toma de decisiones en la que nos tiene metidos el presidente Sánchez, no porque pueda haber repetición de elecciones o no, sino por la ausencia de una directriz clara sobre cuál va a ser su acción de gobierno, que incrementa el miedo, por no ser claro, a que su deseo sea seguir una política económica radical de izquierdas.
Y es que, obviamente, tras esta inseguridad puede venir la política radical de izquierdas antes descrita. Entonces, el efecto conjunto nos haría perder en el medio plazo 56.000 millones de PIB y 915.000 puestos de trabajo.
Éstas pueden ser las graves consecuencias económicas en el medio plazo del futuro gobierno de Sánchez, cuya investidura comienza hoy. Unas consecuencias nocivas para la prosperidad.