Asignación constitucional, complementos por cargo, indemnizaciones, ayudas de transporte… El pasado fin de semana, en Libre Mercado explicábamos cuánto y por qué cobraban los diputados españoles. Y nos preguntábamos si este salario (de los aproximadamente 60.000 euros que se saca un diputado raso a los más de 100.000 que obtienen los miembros de la mesa o los portavoces) es adecuado y sirve para atraer a los mejores profesionales a la política o, por el contrario, es excesivo si tenemos en cuenta el CV del diputado medio actual.
Lo primero que uno se pregunta es si hace falta un sistema tan complejo de remuneración. Porque la sensación es que con este diseño se busca, en la medida de lo posible, hacer que sea más complicado saber cuánto ganan sus señorías. De esta manera, es fácil pensar que su sueldo equivale a los menos de 3.000 euros al mes de la asignación constitucional, cuando los ingresos reales son muy superiores (y cuidado, aquí la reacción de la opinión pública y la demagogia que se hace con estos temas también forman parte del problema y explica este pequeño juego con los sueldos).
Dentro de ese extraño diseño, hay un epígrafe que destaca sobre todos. El de la "indemnización" para "afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara". Según el texto del documento que el propio Congreso cuelga en su web, "tiene una cuantía mensual de 1.921,20€ para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y de 917,03€ para los electos por Madrid". No sólo eso, como se considera una mera forma de ayudar a cubrir gastos, está "exenta de tributación, de acuerdo con lo previsto en el art. 17.2 b) de la Ley del IRPF - 35/2006 de 28 de noviembre".
Estamos ante una dieta a tanto alzado, un tema bastante polémico y que ha generado numerosos dolores de cabeza a muchas empresas con Hacienda (no al Congreso, por supuesto). Entre otras cosas porque este tipo de gastos no van respaldados por una justificación detallada: la empresa envía a un trabajador a un viaje y en vez de exigirle factura de todo, lo que hace es pagarle una cantidad fija (y si el trabajador gasta menos, pues eso que se lleva para su bolsillo). De hecho, como ya explicábamos el pasado sábado, este sistema de remuneración salió a relucir incluso en el juicio de las famosas tarjetas black de Caja Madrid (algún acusado defendía que el modelo era igual en un caso que en otro).
Polémicas al margen, parece claro que nos encontramos ante una partida destinada a cubrir gastos. De hecho, no hay más que ver el enunciado de la normativa, que establece una cantidad para los parlamentarios madrileños y otorga unos 1.000 euros más a los que salgan elegidos por otras provincias. Esto es así, parece claro, para que el diputado pueda pagarse un alquiler en la capital, a la que (se supone) tendrá que estar viajando constantemente desde su circunscripción
Y aquí viene una pequeña curiosidad. Muy pequeña, pero al mismo tiempo que dice muchas cosas sobre cómo cobran los diputados y sobre cómo el sistema parece que se ha diseñado con el objetivo de reducir la apariencia de ese sueldo (reducir lo que parece que se cobra, pero no la cantidad que cada mes llega a sus cuentas): estos gastos se cobran en ¡14 pagas!, como la asignación constitucional o los complementos por ser miembro de una Comisión o de la Mesa. ¿Por qué? (en este enlace de la web del PSOE, por ejemplo, Adriana Lastra detalla sus remuneraciones, con las 14 pagas mensuales por gastos; aunque podríamos haber escogido cualquier otro diputado).
No parece que haya ninguna justificación al respecto. ¿Qué sentido tiene? Si es verdad que es una cantidad que se debe usar para cubrir gastos, por qué no abonarlos en 12 mensualidades. Incluso, se podría plantear que esas 12 mensualidades fueran superiores a las actuales 14 (para que el montante anual no cambie). Y cabría preguntarse plantearnos si tiene sentido cobrar esta ayuda cuando las cámaras no están en período ordinario de sesiones. O modularla en función de si el diputado acude o no a comisiones o hace otras tareas en ese período.
Sí, es un tema muy menor. Apenas una anécdota. Pero al mismo tiempo que revela mucho sobre esa supuesta transparencia en los salarios. De nuevo, la sensación es que se quiere pagar a los diputados una cantidad (no menos de 5.000 euros al mes) pero no se quiere declarar a la opinión pública esa cifra. No será ni la primera ni la última circunstancia en que esto ocurra. Y no son los diputados españoles los únicos que creen que no pueden explicar la verdad a sus votantes y que hay que tratarles como si fueran menores de edad. De hecho, quizás hasta sea el tema menos importante en el que nos engañan o maquillan la realidad por nuestro bien. ¿Gastos en 14 meses? ¿3.800 euros más al año por diputado? Efectivamente, es casi una curiosidad. Pero muy significativa.