La sentencia del Tribunal Supremo sobre las costas de los pleitos con Hacienda es una excelente noticia para los contribuyentes. En primer lugar, por sus consecuencias legales: el TS ha tumbado una reglamentación a todas luces ilegal, pergeñada por Cristóbal Montoro para hacer más desigual aún la relación entre la Agencia Tributaria y los ciudadanos. El nefasto ministro de Hacienda de Rajoy se había inventado un atropello para que litigar contra la AT conllevase siempre un coste, algo profundamente inmoral que tenía por objetivo desalentar al sufridísimo contribuyente para que no luchara por sus derechos.
Por otro lado, la sentencia del TS alerta de la "profunda inseguridad jurídica" con que se castiga al ciudadano y critica que muchas de las normas de Hacienda han sido voluntariamente retorcidas para convertirlas en un terreno pantanoso para el contribuyente, que sufre la "imprecisión" de unas leyes y reglamentos que no respetan reglas básicas del ordenamiento jurídico, como la irretroactividad de lo no favorable.
Ciertamente, la utilización de la AT como arma para el amedrentamiento colectivo no fue un invento de Montoro; Borrell, con el famoso proceso a Lola Flores, dejó claro que Hacienda podía poner en la mira a cualquiera. Pero el rajoyano llevó la arbitrariedad, las amenazas y las redadas recaudatorias a unos niveles inauditos. Lamentablemente, parece que ha decidido seguir su ejemplo una María Jesús Montero que ya ha dejado claras sus intenciones.
En una coincidencia cargada de simbolismo, la sentencia del TS se ha dado a conocer en pleno Día de la Liberación Fiscal: este jueves fue el día en que los españoles dejaron de trabajar para Hacienda y empezaron a ganar dinero para sí mismos. Tan aberrante como cierto.
El Supremo ha dado un primer paso importante, pero es esencial ir más allá y cambiar un régimen recaudatorio que es un lastre para la economía y, lo más importante, un desafuero liberticida que trata de la peor manera al ciudadano, devenido humillado y ofendido súbdito.