El pasado mes de mayo, los ciudadanos suizos fueron convocados a votar en un referéndum que pretendía validar una serie de cambios en las reglas tributarias del país alpino. La idea de fondo es adaptar el sistema fiscal helvético a las normas de la UE y la OCDE, pero sin renunciar al modelo de impuestos bajos que tan buenos resultados a ofrecido a lo largo de los años.
Como recordaba la Tax Foundation en un informe de reciente publicación, hay que olvidar que más de 24.000 empresas multinacionales tienen actividad en algún cantón suizo, generando uno de cada cuatro empleos y un tercio del PIB. Los gobiernos integrados en la UE y la OCDE son conscientes de ello y habían amenazado con imponer medidas que restringirían el acceso de Suiza a sus economías.
Hasta ahora, los gobiernos cantonales podían fijar tipos diferenciados para las empresas multinacionales que ubicaban su sede dentro de su territorio. Además, dependiendo del nivel de empleo e inversión comprometido, el paquete fiscal se podía negociar a la baja. En parte, este esquema es similar a las reglas tributarias de Luxemburgo, lo que ha generado tensiones entre las autoridades suizas y las europeas, al entender las primeras que las presiones de los últimos años chocan con la tolerancia de Bruselas ante las leyes fiscales del Gran Ducado.
¿Qué ocurrirá de ahora en adelante? En esencia, el Impuesto de Sociedades será el mismo en toda Suiza y aquellos cantones que pierdan recursos como resultado de la armonización verán compensada la merma de ingresos con una mayor transferencia de fondos por parte de la caja federal de los ingresos. En total, el Impuesto de Sociedades genera el 11,5% de la recaudación total manejada por las Administraciones Públicas, frente al 9,2% de la OCDE o el 6,9% de España.
La votación del pasado mes de mayo contó con el voto favorable de más del 60% de los ciudadanos que acudieron a las urnas. Aunque Suiza acepta de esta forma las exigencias de la UE y la OCDE, los políticos helvéticas se han cuidado de compensar dicha homologación con una rebaja de tipos que, en la práctica, reduce del 14,14% al 12,82% los impuestos que pagarán las empresas locales.
Se estima que las compañías que habían negociado un trato preferencial verán aumentada su fiscalidad efectiva del 9% al 11%, mientras que el resto de empresas la reducirán del 19,5% al 14,5%. No obstante, al margen de lo que ocurra con el Impuesto de Sociedades, los gobiernos locales han anunciado que reducirán otras tasas para que la contribución fiscal total de las empresas se mantenga más o menos constante.
Además, los ingresos generados por patentes y propiedad intelectual registrada en Suiza experimentarán un tipo del 10%, en línea con las reglas toleradas por la UE y la OCDE, mientras que los gastos en I+D podrán reducir un 50% la factura soportada por las empresas en el Impuesto de Sociedades.
La prueba del algodón que certifica el saldo final de la reforma es la previsión de recaudación de las arcas públicas. En este sentido, hay que tener en cuenta que las autoridades creen que Hacienda percibirá 2,2 millones de francos menos que hasta ahora, de modo que el resultado neto es una rebaja impositiva.