España ocupa un mediocre puesto 33 en el índice internacional que mide el grado de protección del derecho a la propiedad privada. Con una nota de apenas 6,5 puntos sobre 10, nuestra clasificación nos deja en el puesto 17 de Europa Occidental, lo que supone el tercer peor resultado de los países de nuestro entorno.
El resultado cosechado por España es decepcionante, pero difícilmente sorprendente. Cada día leemos en las noticias todo tipo de ataques contra la propiedad. Quizá el mejor ejemplo es el movimiento okupa, una lacra que ha usurpado cerca de 100.000 inmuebles y que no solo está sumiendo a miles de familias en una situación límite, sino que también está contribuyendo al deterioro del orden público.
No es mucho mejor la situación de los particulares que alquilan su vivienda. La mejor demostración del miedo que tienen los propietarios la tenemos en el aumento de los seguros por impago de alquiler, que están aumentando a tasas anuales que oscilan entre el 30% y el 40% por el temor a que un inquilino deje de pagar y se niegue a abandonar la vivienda.
Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística arrojó más leña al fuego con la publicación de su Estadística de Litigios en Arrendamientos Urbanos. En el epígrafe dedicado a las sentencias, el INE desglosa cuántas resoluciones judiciales condenan al inquilino por falta de pago de la renta de alquiler o la fianza de seguridad.
Este indicador llegó a alcanzar las 17.716 resoluciones judiciales en 2012, pero experimentó un cambio a mejor en 2013, cuando la cifra se quedó en 8.966 condenas. Para 2014, la cifra fue incluso más baja: 7.815 sentencias condenatorias por impago del alquiler. Pero la tendencia empezó a invertirse en 2015 y no ha dejado de empeorar desde entonces.
En 2015, las sentencias por impago del alquiler subieron hasta las 8.269. Un año después, volvía a producirse un tímido aumento, hasta las 8.588 resoluciones. La litigiosidad dio un salto adicional en 2017, cuando se produjeron 9.691 condenas por este motivo. Pero el dato de 2018 es especialmente alarmante, porque refleja un aumento del 19%, hasta las 19.571 sentencias.