Desde su llegada al poder, Pedro Sánchez ha insistido en la importancia de elevar significativamente la recaudación fiscal. El Ejecutivo socialista ha puesto encima de la mesa un horizonte a medio plazo que contempla aumentos recaudatorios de más de 20.000 millones de euros. Parte de dicha subida se podría concretar en el corto plazo, al calor de las distintas medidas impositivas anunciadas por Moncloa desde la segunda mitad de 2018.
La estrategia expansiva del gobierno español choca frontalmente con la estrategia que han seguido los gobiernos conservadores en Reino Unido. Allá por 2010, el gasto público real (ajustado a la inflación) alcanzó la barrera de los 802.000 millones de libras. Desde entonces, dicha rúbrica se ha mantenido prácticamente constante.
Así, en 2011 se registró un gasto de 791.000 millones, idéntico al de 2012. Un curso después, en el año 2013, los desembolsos pasaron a ser de 779.000 millones, mientras que en 2014 se produjo un salto hasta los 787.000 y en 2015 se volvió a repetir dicha cifra. Los datos para 2016 arrojaron una tímida corrección hasta los 785.000 millones, mientras que en 2017 se dio un nuevo aumento (790.000 millones) que volvió a confirmarse en 2018 (801.000).
En términos nominales sí cabe hablar de un aumento del gasto, puesto que ha subido de 717.000 a 812.000 millones durante el periodo estudiado. Sin embargo, una vez se tiene en cuenta el efecto de la inflación, resulta que el gasto público lleva ocho años "congelado" en Reino Unido, bajo gobierno de los conservadores David Cameron y Theresa May.
El gasto baja del 44,7% al 38,4% del PIB
Si se mide el peso del gasto público sobre el PIB, podemos entender mejor lo que esto supone. Así, en 2010 veíamos que dicho ratio era del 44,7%, mientras que en la actualidad se registran niveles del 38,4%. Como el gasto público se estabiliza y el sector privado sigue creciendo, el peso relativo del Estado va a menos, permitiendo que el mercado gane cuota sobre el conjunto de la economía.
De media, los presupuestos subieron nominalmente un 1,8% desde 2010 hasta 2018. La clave, pues, no es ni siquiera reducir el gasto público, sino asegurar que los aumentos observados en los presupuestos se sitúan por debajo del ritmo de crecimiento de la economía, que por lo general ha venido duplicando dicha tasa.