El acuerdo de investidura negociado por el PP con Cs y Vox en el Ayuntamiento de Madrid traerá como resultado una revolución fiscal que abarca distintas medidas de alivio en gravámenes como el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras o el impuesto de Actividades Económicas.
Sin embargo, puede que el cambio más significativo del acuerdo que ha hecho alcalde a José Luis Martínez-Almeida es el que incluye la bonificación al 95% de la Plusvalía Municipal cobrada por el Ayuntamiento a contribuyentes que traspasen su vivienda a familiares directos, en el marco de un proceso de donación o herencia.
Este gravamen, formalmente conocido como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, será también retocado por el nuevo equipo municipal para adecuar su gestión a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el cobro del impuesto a aquellas personas que vendieron su piso por un valor inferior al de compra.
En 2017, el TC declaró nulo el cobro de dicho gravamen cuando los contribuyentes demuestren que, al margen de lo que interprete el catastro, los costes reales de transacción sean menores en la venta que en la compra. En opinión del tribunal, esta corrección es necesaria para asegurar que se respeta el principio constitucional de capacidad económica y para tumbar una exigencia fiscal que apuntaba a una ganancia inexistente, virtual o ficticia.
La Agencia Tributaria de Madrid ha recibido 27.056 recursos, de los que solamente ha desestimado o rechazado admitir 1.468. Quedan, por tanto, 25.003 apelaciones pendientes de resolución, cuyo coste asciende a los 306 millones de euros. Consciente de esta situación, Almeida ha acordado con Cs y Vox la agilización de estas devoluciones.
En el marco del acuerdo a tres bandas que regula el programa de gobierno de la legislatura, PP, Cs y Vox han incluido un punto que anuncia la activación de un plan de devolución del dinero que se ha tributado injustamente por este concepto. La idea es facilitar la resolución de los expedientes y agilizar el pago a los contribuyentes que han sufrido el cobro ilegal.
Desde 2012, el consistorio vio aumentar casi un 300% los ingresos generados por este impuesto, hasta alcanzar en 2016 una cifra cercana a los 700 millones de euros. Ahora, la bonificación al 95% para las herencias y donaciones y el plan de devolución del dinero cobrado con ventas en pérdidas están llamados a reducir significativamente dicho impacto recaudatorio.