El Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) ha extendido recientemente un cordón sanitario a Vox, PP y Ciudadanos, ya que ha prohibido expresamente su participación en el desfile del Orgullo Gay. La asociación está nerviosa por los cambios que se avecinan en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, así como por las amenazas del partido que lidera Santiago Abascal, que insiste en cerrarles el grifo.
Esto no ha sentado nada bien a la entidad. No es para menos si se tiene en cuenta que Cogam depende en un 66% del bolsillo de los contribuyentes. Pese a que la organización se define como democrática, participativa, pluralista e independiente, no les ha temblado el pulso en expulsar a aquellos políticos que no comulguen con su ideario izquierdista inspirado en Zapatero.
El expresidente socialista nombró de "utilidad pública" en el Boletín Oficial del Estado a Cogam durante su mandato. Elevó esta entidad e a un orden moral superior y la hizo intocable. Rajoy, siguiendo las directrices de su antecesor, continuó inyectando partidas presupuestarias lideradas en Madrid por la expresidenta, Cristina Cifuentes.
Riesgo de cierre
Pero el colectivo oculta otra cara: la de los intereses económicos primordiales para la supervivencia de la cúpula. Una auditoría realizada por Panaro Audit, correspondiente al ejercicio 2017, avisa a la asociación de que su funcionamiento registra una "alta dependencia" de las subvenciones públicas.
Dicho en otras palabras, si las subvenciones se eliminan, Cogam desaparece por no ser viable al tener escasos ingresos derivados de sus actividades privadas. De hecho, los analistas aconsejan a sus dirigentes que intenten recaudar fondos a través de sus propias iniciativas. Pero resulta que Cogam no ha previsto malos tiempos para su entidad y han asumido un rol casi de funcionarios públicos.
Desde la web Estado Limitado, exponen las 26 subvenciones que ha recibido Cogam en los últimos tres años, desde el 7 de Septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2018, por un importe total de 480.280,37 euros. Del análisis realizado por @Absolutexe se desprende que la Administración General del Estado concedió una subvención de 10.00 euros desde la "Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia" . Además, a esto se suman las partidas enviadas desde la Comunidad de Madrid: 17 subvenciones por un total de 292.210,37 euros, diez desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia, cinco desde la Consejería de Sanidad y dos desde el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud)
Por parte del Ayuntamiento de Madrid, se les otorgó 8 subvenciones, una de ellas de 178.070 euros procedentes del Área de Gobierno y Deportes., gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones y de Políticas de Género y Diversidad. También se le concedieron 27.600 euros para el proyecto "Por los derechos LBTB+ en todo el mundo" desde las susodichas consejerías.
A estos datos habría que sumarle la cantidad de 700.000 euros que la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena destinó exclusivamente a la organización de las fiestas del Orgullo Gay de Madrid durante su mandato.
Condones, pruebas VIH y senderismo
Cogam justifica el gasto público asegurando que ellos llegan donde no lo hacen las entidades públicas. Entre sus labores más destacadas, señalan la repartición de condones gratuitos entre la comunidad LGTBI, así como las pruebas de VIH y Hepatitis C. Incluyen también asesoría de servicios de parejas LGTBI, asesoría jurídica, médica, psicológica, sexológica VIH y programas con rutas de senderismo. El colectivo da especial relevancia a las charlas y conferencias que ofrecen en los más de 80 institutos públicos madrileños y la atención que dan a los trabajadores del sexo.
No obstante, y aunque Cogam se empeñe en reclamar que necesitan subvenciones públicas para cubrir las necesidades del colectivo, España es uno de los países que más antienden sus reivindicaciones. Tanto es así que tan sólo en la Comunidad de Madrid se aprobaron más de 25 leyes LGTB que conceden privilegios legislativos al colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales por encima de los heterosexuales. Unas políticas, que lejos de promulgar la igualdad ante la ley, independientemente de la condición sexual, realiza distinciones por cuestiones identitarias.