Manuela Carmena heredó de Ana Botella un holgado superávit presupuestario. Con un saldo positivo de más de 1.000 millones de euros, la regidora comunista podría haber costeado numerosas iniciativas sin necesidad de subir los impuestos. Sin embargo, el gabinete de la alcaldesa saliente optó por elevar la presión fiscal que sufren los madrileños, hasta el punto de que los impuestos subieron más de 300 millones durante la legislatura que acaba de concluir.
Las elecciones municipales del pasado 26 de mayo arrojaron una mayoría de centro-derecha que ha llevado a la alcaldía al popular José Luis Martínez-Almeida. El sucesor de Esperanza Aguirre en Cibeles insistió en su labor de oposición en la importancia de bajar los impuestos, enarbolando así una bandera que también defendió con ahínco la lideresa de Ciudadanos en la capital, Begoña Villacís. El auge de Vox en la Villa y Corte, con Javier Ortega Smith a la cabeza, apuntaló este discurso liberal y facilitó la firma del acuerdo de gobierno trenzado por las tres fuerzas políticas durante las últimas semanas.
Pese a los roces y tiranteces que salieron a la luz durante el proceso de negociación que derivó en la investidura de Almeida, lo cierto es que los asuntos fiscales nunca fueron un problema, puesto que el entendimiento en este punto es casi total. En consecuencia, la próxima legislatura debería facilitar la puesta en marcha de una revolución fiscal que incluye al menos cinco puntos clave.
Rebaja de IBI
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles será reducido al mínimo legal, es decir, al tipo del 0,4%. Además, el pacto PP-Cs-Vox incluye "un catálogo de bonificaciones para las empresas que desarrollen actividades culturales, tecnológicas, innovadoras o de carácter social", así como una bonificación del 50% por la instalación de sistemas de aprovechamiento energético.
Reducción de ICIO e IAE
Conscientes de la pérdida de dinamismo que ha experimentado la economía de la capital bajo gobierno de Carmena, los tres partidos han acordado "reducir el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), incrementando sus incentivos fiscales, así como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)".
Fin al "Impuesto de Sucesiones municipal"
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como la Plusvalía Municipal, se ha convertido de facto en una suerte de "Impuesto de Sucesiones municipal", puesto que el grueso de los ahorros de los españoles está en el ladrillo y la transmisión en herencia o donación de dichos activos está sujeta a este gravamen. PP, Cs y Vox han acordado bonificar al 95% dicho impuesto cuando se trate de una transmisión entre parientes directos. Además, se anuncia un Plan de Devolución Especial que devolverá este tributo a quienes lo han pagado injustamente, siguiendo la sentencia del Tribunal Supremo que anula el cobro del gravamen a quienes han perdido dinero en la venta de la vivienda.
Adiós a las tasas de Sánchez Mato
En los primeros años de gobierno de Manuela Carmena, el polémico responsable de Economía, Carlos Sánchez Mato, introdujo una tasa a los cajeros bancarios y otra tasa a los generadores de residuos. Almeida y sus socios de legislatura se han comprometido a "aliviar fiscalmente a empresas, autónomos y comerciantes" con el fin de dicho tributo.
Reducción de multas
Por último, el programa que regirá la senda económica de los cuatro próximos años incluye "la revisión y reducción de las sanciones que impone el Ayuntamiento", con el objetivo de "evitar cuantías abusivas y objetivos recaudatorios". Almeida llegó a proponer que las multas de tráfico pasen de 100 a 50 euros, con un descuento adicional que dejaría en 25 euros el pago efectivo, siempre y cuando se pagase la sanción de manera inmediata.