El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado este lunes su Registro de Impagados Judiciales (RIJ), el primero en recoger información y reclamar deudas reconocidas en sentencias firmes, con el que busca reducir la morosidad y garantizar una mayor seguridad en la economía nacional.
En un acto celebrado este lunes en Madrid, el tesorero del Consejo, Rafael Bonmatí, ha defendido la importancia de esta iniciativa pionera, en marcha desde el pasado mayo, que "dota de transparencia al tráfico mercantil y da seguridad al sector financiero y al resto de ciudadanos".
El servicio, "que cumple con todas las bendiciones legales, con los valores deontológicos, con la protección del derecho al honor y con la normativa de protección de datos", tiene por objetivo recoger información de deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme.
El RIJ ha sido desarrollado por Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, que está participada al 50% por el Consejo General de la Abogacía Española y al 50% por Icired, una startup que tiene un regustro generalizado de deudas no firmes.
En la presentación del proyecto, que tuvo lugar este lunes, participó el presidente de la consultora Everis, Eduardo Serra, el Consejero Delegado de Informa D&B, Juan María Sainz, el CEO de Icired, Enrique Rodríguez Zarza, y el tesorero del CGAE, Rafael Bonmatí.
Los impagos de las pensiones de alimentos, las deudas entre particulares, los incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancía, e incluso la morosidad de instituciones condenadas a pagar por la justicia, podrán aparecer reflejados en este registro, con validez en toda España y que por primera vez contemplará las deudas contraídas con los letrados en concepto de honorarios.
Según los últimos datos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2017 se ejecutaron cerca de 2,4 millones de sentencias, de las cuales miles fueron incumplidas o "tienen un cobro infructuoso" que deja a los ciudadanos "indefensos ante los morosos".
Para la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, este "déficit" limita la eficacia de la tutela judicial efectiva, generando una serie de consecuencias negativas "para el conjunto de la economía".
A tenor de las estimaciones del colectivo, sólo un 20% de la morosidad está registrada; el 80% restante, impagos entre instituciones, empresas, autónomos y personas físicas, continúa sin aflorar, "como un iceberg".
Y es que "con que una 'pyme' pague a los bancos, a la Seguridad Social y a Hacienda, sus deudas no aparecen en ningún sitio", ha apuntado Bonmatí, quien considera que el registro elevará los niveles de confianza empresarial ya que los emprendedores que quieran iniciar un nuevo negocio podrán conocer si sus socios o proveedores "son morosos o no".
Con el fin de hacer frente a la situación en la que "muchos impagados ven que no cobran tras pasar la travesía que supone un pleito", la Abogacía llama a fomentar el uso de este sistema colaborativo en el que cuentan con la ayuda de la consultora Everis y de Informa D&B, entre otros.