Hace unas semanas escribía sobre los riesgos del Programa de Estabilidad de Sánchez, el cual envió a Bruselas dos días después de las elecciones generales. Dicho programa se basa en un importante incremento del gasto público, una confiscatoria subida de impuestos y un planteamiento muy optimista de la evolución económica, donde no contempla la desaceleración que estamos sufriendo, y una todavía más optimista proyección de incremento de recaudación, donde en 2022 prevé recaudar 95.505 millones de euros más por impuestos que en 2018.
Esas cuentas que Sánchez envió a Bruselas no son más que los planes que escondían su fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado, donde el gasto lo elevaba en miles de millones de euros. Eso hacía que, pese al optimista incremento de recaudación planteado, el déficit se incrementase cada uno de los años del programa de estabilidad sobre el anteriormente previsto.
Ahí es donde Bruselas ve que España se va a desviar en el objetivo de déficit sobre el PIB. Si el objetivo acordado con Bruselas en el anterior plan de estabilidad era de un déficit del 1,3% del PIB, ahora con Sánchez se eleva hasta el 2%, cuando tanto el FMI, con un 2,3%, como el Banco de España, con un 2,5% lo elevan todavía más. Esa desviación sobre un PIB estimado en 1,255 billones de euros, supone un mayor déficit, sobre el ya fijado, de 8.788 millones de euros, para dejar el déficit de 2019 en más de 25.000 millones de euros.
Bruselas empieza a considerar que no hay manera de ajustar esos más de 8.000 millones de desviación en 2019, dados los decretos de Sánchez y la circunstancia de contar con un gobierno en funciones, que no pueda tomar medidas al respecto. Por eso, pide un ajuste severo de 16.000 millones en 2020, para embridar conjuntamente la desviación de 2019 y 2020, donde la UE considera que España puede encontrarse en riesgo claro de incumplimiento.
Ese ajuste, continúa Bruselas, no debe ser coyuntural, sino estructural, que permita mantener bajo el déficit, hasta llegar a extinguirlo, sin necesidad de contar con una coyuntura económica favorable. De hecho, España tuvo en 2018 un déficit estructural del 2,7% del PIB y la UE cree que puede llegar en 2020 a un 3,2% del PIB, de manera que si el ciclo económico no acompaña, España volverá a entrar dentro del protocolo de déficit público excesivo.
Y es que Bruselas, aunque también cree que el gasto final puede ser mayor que el plasmado en el papel por Sánchez, donde desconfía de verdad es en la estimación de ingresos que prevé el Gobierno español. Cree que hay una "incertidumbre considerable" respecto a la estimación de dichos ingresos y a las "posibilidades de adopción de las medidas de obtención de ingresos". Es decir, Bruselas ve difícil que el Gobierno pueda aprobar la subida de impuestos que plantea, donde sube la práctica totalidad de los impuestos, de modo muy cercano a lo confiscatorio…
…Y, aunque lo logre, Bruselas no se cree que eso se vaya a traducir en la recaudación que el Gobierno estima, donde en 2022 recaudaría por impuestos 95.505 millones más que en 2018.
Por ello, Bruselas le pide a Sánchez que, en cuanto forme gobierno, tome las medidas para corregir el incremento de gasto, con ese ajuste citado de 16.000 millones de euros, de manera que el gasto suba sólo un 0,9% frente al 4% planteado por Sánchez.
Además, Bruselas le recuerda a Sánchez la necesidad de abordar la reforma del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad, pero los pasos que ha dado Sánchez al respecto van en la dirección opuesta, al volver a ligar el incremento de las pensiones al IPC, el descartar el factor de sostenibilidad y el no proponer ninguna reforma estructural que preserve el sistema.
¿Cómo va a conseguir reducir Sánchez ese desfase de gasto? Lo tiene difícil porque él se lanzó a aprobar a la carrera importantes incrementos de gasto mediante decreto, que ahora conllevaría, para él, un importante coste político. Por otra parte, si renuncia a incrementar el gasto tal y como planeaba en los presupuestos y como recoge en el Programa de Estabilidad, Podemos no le apoyaría, con lo que es difícil que pueda sacar adelante unas cuentas que corrigiesen dichos desfases. Por otra parte, tampoco parece que sus socios vayan a apoyarlo para plantear una reforma del sistema de pensiones, de manera que es lógico que la UE tenga serias dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas.
Eso sitúa a España en una difícil encrucijada. Calviño se felicitaba por el hecho de que la Comisión Europea había propuesto sacar a España del protocolo de déficit público excesivo, al cerrar el déficit de 2018 en el 2,48% (ya hemos visto que el estructural es del 2,7%, de manera que si se ha quedado en el 2,48% ha sido gracias al positivo ciclo económico), pero se olvida del motivo por el que a España se le aplicó dicho protocolo: una negación de la realidad, un incremento desmedido del gasto público y unos niveles de déficit que llegaron al 11%. Eso fue lo que provocaron las medidas de Zapatero, cuya línea económica fue muy parecida a la planteada por Sánchez en el Programa de Estabilidad. De ahí, las preocupaciones de Bruselas.
Salir del protocolo de déficit público excesivo ha costado mucho y no ha sido gracias a Sánchez, sino pese a él y gracias a las reformas implantadas en la economía española desde 2012, pero volver a caer en dicho déficit público excesivo es muy fácil: simplemente hace falta un incremento de gasto como el que propone Sánchez. Por eso, debe corregir cuanto antes su equivocada y dañina política económica. Eso, al fin y al cabo, es lo que viene a decir Bruselas.