Pedro Sánchez esperó a que se celebraran las elecciones generales para enviar a Bruselas su Programa de Estabilidad para la economía nacional. Dicho plan descansa en un incremento del gasto público a través de una subida brutal de los impuestos, que situará la presión fiscal en niveles prácticamente confiscatorios. Pero como ni así es posible cuadrar unas cuentas desbocadas que disparan el gasto político, Sánchez se saca de la manga unas perspectivas que transforman la actual desaceleración en un estupefaciente repunte de la economía que le permitiría recaudar casi 100.000 millones de euros en impuestos hasta 2022.
La afición a expandir el gasto público, consustancial a todos los socialistas, se ha agravado con la falta de escrúpulos de Sánchez a la hora de tratar de comprar voluntades para seguir en la Moncloa. De ahí los famosos viernes sociales, que han disparado el déficit por encima de los 8.000 millones de euros y hecho sonar las alarmas en la UE. Por eso las autoridades de Bruselas andan exigiendo un ajuste severo para el próximo año de nada menos que 16.000 millones, que compense la desviación del presente ejercicio y permita reducir el déficit público en 2020.
Pero Sánchez no tiene la menor intención de moderar el disparatado gasto público que su Gobierno comprometió con los decretos de los viernes socialistas. Porque le supondría un coste político que el presidente más irresponsable de la historia reciente es incapaz de asumir. La renuncia a cebar el déficit, como exige la situación económica y demandan los organismos internacionales, le enfrentaría a las formaciones antisistema en las que confía para asegurarse la legislatura.
Los signos de debilidad de la economía española exigen medidas contundentes, en consonancia con las restricciones del gasto que pide Bruselas. Sánchez, sin embargo, está dispuesto a hacer exactamente todo lo contrario. El panorama, por tanto, no puede ser más preocupante, y no sería de extrañar que la UE volviera a activar contra España el protocolo de déficit público, del que conseguimos salir en 2012.
En contra de lo que asegura una ilustre analfabeta socialista, el dinero público sí tiene dueño y las consecuencias de su despilfarro son tremendas. Los decretos de los viernes socialistas se traducirán, para empezar, en fuertes subidas de impuestos, con los efectos perniciosos que tendrán para la economía y, en consecuencia, para el empleo.
Qué posible es que Sánchez nos aseste una recesión tan grave como la que nos impuso su semejante, el ominoso José Luis Rodríguez Zapatero.