España acaba de salir del procedimiento de déficit excesivo diez años después. Fue en 2008, tras el estallido de la crisis financiera internacional, cuando el agujero fiscal superó la barrera del 3% del PIB, incumplimiento así el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la denominada regla de oro de la zona euro, por la cual los países miembros no pueden registrar un desequilibrio superior al 3% y una deuda de más del 60% del PIB. Tras rozar el 11% en 2009, el déficit cerró en el 2,48% el pasado año, por debajo del citado límite, de modo que la Comisión Europea acaba de cerrar el expediente abierto a España por este motivo tras una década de desvíos.
Sin embargo, pese a tratarse de una buena noticia, no significa que el problema de las cuentas públicas esté resuelto, ni mucho menos. De hecho, tal y como revela Funcas en un reciente informe sobre la evolución del ajuste fiscal, "la sociedad española tiene todavía pendiente el reto de asumir que tiene un problema serio con los desequilibrios de sus cuentas públicas". Y la razón no es otra que el llamado déficit estructural, que mide el agujero presupuestario sin tener en cuenta el positivo o negativo impacto del ciclo económico sobre el gasto y los ingresos.
Para empezar, cabe recordar que el Gobierno ha incumplido los objetivos fijados en materia de déficit. El 2,48% del PIB registrado en 2018 se sitúa por encima del 2,2% que se había marcado el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez y se queda aún más alejado del 1,3% acordado inicialmente con la autoridades comunitarias y que, por el momento, es el objetivo que marcan los Presupuestos vigentes. Además, España padece el cuarto mayor déficit público de la UE, tan sólo por detrás de Chipre, Rumanía y Francia. La media de la UE es ligeramente superior al 0,5%, mientras que el de la zona euro se sitúa por debajo de esa cifra.
Pero lo más preocupante no es este mayor o menor déficit coyuntural, sino el fuerte desequilibrio estructural que todavía sufre el sector público. La Comisión Europea sitúa a España en el pódium de los países con mayor déficit estructural en 2018, con un 3,2%, tan sólo superado por Hungría y Rumanía, que no están en el euro. Es decir, España registra el mayor déficit estructural de la zona euro, lo cual dificulta enormemente la reducción de la deuda con respecto al PIB. De ahí que Bruselas pida al Gobierno un ajuste de 7.800 millones de euros en 2020, bien mediante recortes del gasto o aumento de ingresos, en línea con lo exigido también este año, para ir reduciendo ese déficit estructural.
Y es que una elevada deuda pública hace a España "vulnerable a escenarios de reducción del crecimiento económico, subida de tipos de interés y tormentas financieras. Además, un déficit estructural por encima del 2% limita sobremanera la capacidad de respuesta ante un choque macroeconómico. El efecto de los estabilizadores automáticos llevaría rápidamente el déficit muy por encima del 3%, imposibilitando la apuesta por impulsos fiscales de tipo discrecional", advierte Funcas.
Esto significa que España tiene muy poco margen fiscal en un escenario de frenazo o recesión económica. En tal caso, el gasto tiende a subir y la recaudación a bajar, y, dada la actual combinación de alto déficit estructural y deuda, el agujero presupuestario volvería a crecer de forma intensa y rápida en caso de dificultades económicas, tal y como sucedió durante la crisis, poniendo de nuevo en cuestión la solvencia del Estado.
No en vano, España aparece entre los países con una mayor deuda pública de la UE, sólo por detrás de Grecia, Italia, Portugal, Chipre, Bélgica y Francia.
De ahí, precisamente, que las previsiones no sean nada halagüeñas para las finanzas públicas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que desde 2014 a 2018 la ratio de deuda se redujo sólo en 3,2 puntos del PIB (del 100,4% al 97,2%), a pesar de que el fuerte crecimiento económico habría contribuido a restar 14,8 puntos. Esta diferencia de más de diez puntos "es culpa del déficit, que sigue impulsando al alza los pasivos financieros", aclara el informe.
En plena desaceleración económica y con un déficit estructural elevado, el imprescindible descenso de la deuda pública se antoja complicado en los próximos años. Partiendo de la base de que tanto la Autoridad Fiscal como el Banco de España prevén un agujero fiscal superior al 2% del PIB este año, lo grave es que el FMI proyecta hasta 2024 un desequilibrio medio del 2,2% y un déficit estructural equivalente al 2,5% del PIB. Como resultado, la deuda se mantendrá por encima del umbral del 90% durante el próximo lustro. La Comisión Europea, por su parte, es incluso más pesimista, ya que sus simulaciones contemplan un nivel de deuda por encima del 96% en 2029, en un escenario optimista de crecimiento económico y bajos tipos de interés.
Además, la consecución del equilibrio presupuestario se enfrenta a un gran inconveniente desde el punto de vista político y social: mantener el actual nivel de gasto público, próximo al 41% del PIB, exigirá una mayor presión fiscal, según avanza Funcas. "España se halla claramente por encima de la media [de la OCDE] en el peso relativo de las cotizaciones sociales y, en menor medida, en la imposición sobre la propiedad. En cambio, está por debajo en la tributación sobre el consumo, el IRPF y el impuesto sobre sociedades. Y en los tres casos, en mayor medida por la existencia de gastos fiscales de todo tipo que por unos tipos impositivos inferiores", añade.
Es decir, si los españoles quieren el actual nivel de gasto sin incurrir en peligrosos agujeros fiscales, tendrán que pagar más, pese a que las encuestas muestran que cuando se les pregunta qué se debería hacer para reducir el déficit público, una amplia mayoría se declara contraria a reducir el gasto, pero también a elevar los impuestos, al igual que la mayoría de políticos.
