La Comisión Europea ha pedido este miércoles cerrar el expediente abierto a España en 2009 por déficit excesivo, tras haber reducido el desvío de las administraciones públicas el año pasado hasta el 2,5% del PIB desde el 11% registrado hace diez años, pero también ha recomendado al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar ajustes estructurales por valor de 7.800 millones en 2020.
Aunque la decisión todavía debe ser confirmada por los ministros de Economía y Finanzas, España pone fin a una década bajo el brazo 'corrector' del Ejecutivo comunitario, que ha marcado la política presupuestaria de tres gobiernos distintos: primero el de José Luis Rodríguez Zapatero, después el de Mariano Rajoy y finalmente el de Pedro Sánchez.
Las cuentas españolas pasan ahora a estar controladas en el llamado brazo preventivo, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
En este contexto, el informe de recomendaciones advierte al Gobierno español de que "existe un riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestario requerido en 2020" si no se producen "cambios en las políticas fiscales". Por ello, reclama a las autoridades españolas 7.800 millones en ajustes, bien mediante recortes del gasto o bien aumentando los ingresos. "Un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento máximo del gasto público primario neto del 0,9%, parece adecuado", destaca el texto. El Ejecutivo comunitario también pedía el mismo esfuerzo estructural para este año.
Bruselas remarca además que España incumplirá los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en materia de deuda tanto este año como en 2020, por lo que insta a adoptar "las medidas necesarias". "La utilización de los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas sería importante", subraya el informe.
Sanción a Italia
Por otro lado, Bruselas ha activado este miércoles el procedimiento para sancionar a Italia por no haber adoptado medidas suficientes para reducir su deuda pública, que supera el 130% del PIB y seguirá creciendo en los próximos años, en un paso que abre la puerta a una multa de unos 3.500 millones de euros. Aunque Bruselas también ha aprobado informes similares sobre Bélgica, Francia y Chipre, el Ejecutivo comunitario pone el acento en el caso italiano y señala que está "justificado" abrir un expediente a Roma por su excesiva deuda pública.
Es la segunda vez en los últimos meses que las autoridades comunitarias denuncian la incapacidad del Gobierno italiano para reducir el endeudamiento del Estado. En la anterior ocasión, a finales de 2018, Bruselas canceló el procedimiento después de que Roma cediese y enmendase su presupuesto para este año para adecuarlo a las reglas fiscales europeas.
Ahora, la Comisión Europea reabre el expediente al entender que Italia ha relajado sus esfuerzos presupuestarios. La deuda pública cerró el año pasado en el 132,2% del PIB y crecerá hasta el 133,7% este año y al 135,2% en 2020, según las últimas previsiones de la institución comunitaria.