En los últimos años, el PSOE ha insistido reiteradamente en la supuesta necesidad de "armonizar" nuestros niveles de recaudación fiscal con los registros observados en el resto de Europa. Esta equiparación se traduciría en un fuerte aumento de la presión fiscal, en línea con los planes del Ejecutivo, que ya ha avanzado su voluntad de aumentar la presión fiscal en 26.000 millones de euros a lo largo de la legislatura.
Los estudios que ha elaborado BBVA Research sobre el impacto de los impuestos en el PIB indican que dicho aumento reduciría la producción económica total de forma significativa. Así, aumentar la recaudación por un monto equivalente al 1% del PIB puede reducir el crecimiento en una horquilla que va del 0,75% al 1,22% del PIB, de modo que una estimación conservadora permite afirmar que la subida planteada por la Administración Sánchez amenaza con reducir la producción de la economía española en casi 20.000 millones de euros. Esto nos llevaría directos al crecimiento cero, de modo que la desaceleración se convertiría prácticamente en recesión.
Pero, más allá del coste macroeconómico ¿qué supone la "armonización" en términos prácticos? Si pretendemos recaudar de forma similar al promedio europeo, ¿qué tipo de subidas fiscales debemos implementar y cómo afectan a un español de a pie? Esa es la pregunta que se ha hecho Foro Regulación Inteligente y que encuentra respuesta en un documento elaborado por Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo López.
En primer lugar, el PSOE debería suprimir los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio, puesto que su relevancia en el resto de Europa es mínima. Las herencias apenas tributan, mientras que la riqueza solo está gravada por una tasa de este tipo en nuestro país. De entrada, dos de los impuestos predilectos de Ferraz deberían desaparecer.
Sin embargo, las buenas noticias para el contribuyente terminarían ahí. A continuación, la "armonización" implicaría subir el IVA, hasta dejar su tipo efectivo en el 20,6%. En la actualidad, el sistema de tres tipos (21%, 10% y 4%) arroja una presión fiscal sobre el consumo del 15,8%, de modo que sería preciso incrementar un 30% las tarifas del impuesto. En la práctica, cada español pagaría 400 euros más de IVA al año.
El tercer aspecto que habría que tocar para proceder a "armonizar" nuestro sistema fiscal con el promedio europeo serían las prestaciones sociales, que sufren retenciones del 5,8% en España y del 9% en la UE-28. Los parados y los pensionistas pagarían más impuestos cada año, como consecuencia de la equiparación tributaria con el Viejo continente. El golpe por jubilado sería de 600 euros al año, mientras que cada parado se dejaría 550 euros. La media aritmética de estos dos colectivos arroja una merma de 575 euros en su poder adquisitivo.
El cuarto punto que sería modificado serían los impuestos sobre la propiedad, es decir, el IBI y otros gravámenes que afectan a la vivienda. En este caso, la recaudación en España es inferior a la media de la UE-28 en 0,4 puntos del PIB. Por tanto, la "armonización" exigiría un encarecimiento del IBI equivalente a 360 euros. El número de afectados sería muy abultado: alrededor de 14 millones de hogares, el 78% del total.
Y hay un quinto punto en el que también se producirían cambios notables: los impuestos medioambientales. La fiscalidad "verde" recauda el 2,4% del PIB en la UE-28 pero genera el 1,8% del PIB en España. "Armonizar" esta diferencia implica subir impuestos por 7.000 millones de euros, que golpearían a las empresas o las familias en forma de distintas tasas y gravámenes.
