Durante los últimos meses, he comentado que la economía española se estaba desacelerando, tal y como muestran la práctica totalidad de indicadores, analizados en su tendencia. No hay ningún sector o rama de actividad económica que se escape a la desaceleración, aunque transitoriamente puedan recuperar, debido a la estacionalidad, algo de brío, pero que, desgraciadamente, es pasajero.
De ese modo, dos sectores tan importantes en la economía española como la industria y la rama de actividad turística caen con cierta intensidad desde que Sánchez llegó al Gobierno. Así, el Índice de Producción Industrial es 2,1 puntos menor que en mayo de 2018, la cifra de negocios de la industria es 2,9 puntos inferior a hace un año y la entrada de pedidos en la industria es 3,8 puntos menor en ese período.
Igualmente, la cifra turística disminuye respecto a mayo de 2018, con menos viajeros, menos pernoctaciones y menos visitantes extranjeros, que supone un dato preocupante para una rama de actividad esencial para la economía española, por el importante efecto, directo e indirecto, que tiene sobre la actividad económica y el empleo.
Del mismo modo, esto ha comenzado a tener efecto en el empleo, con una ralentización del mismo, hasta iniciar la destrucción de puestos de trabajo e incluso con aumento de parados. Podemos observarlo al analizar los datos trimestrales. Al comparar los datos del último trimestre completo de 2019, que es el primer trimestre, con trimestres anteriores, podemos constatar dicha desaceleración también en términos de puestos de trabajo. De esa manera, el número de afiliados disminuye en 70.505 personas en términos intertrimestrales.
También conlleva un incremento del paro registrado, que es 5,5 veces superior en el primer trimestre de 2019 que lo que lo era en el primer trimestre de 2018.
Todo ello, con una peor evolución de la contratación indefinida en ese período que va hasta el primer trimestre de 2019 –además de que en el inicio del segundo trimestre, abril, mantiene la tendencia bajista–.
Por último, la EPA también recoge ese deterioro en el empleo, desde la creación de casi medio millón de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2018 a la destrucción de casi 100.000 empleos en el primer trimestre de 2019.
Pues bien, en este escenario de desaceleración, del que también advierte Banco de España, el antiguo banco emisor le recuerda al Gobierno varias cuestiones importantes, en las que si no hay reformas pueden llegar a causar un grave perjuicio a la economía, de las cuales voy a destacar tres.
La primera, es la bajada en la tasa de ahorro de los hogares y el incremento de endeudamiento de los mismos. Ese incremento del consumo de los hogares que va ligado a una expansión del crédito de las entidades, que persiguen no tener un exceso de liquidez por el que les penaliza el BCE con 45 puntos básicos. Si las economías domésticas no moderan su endeudamiento, en un entorno de desaceleración económica, que puede agravarse con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el impacto del Brexit, especialmente si es duro, y la desaceleración alemana, se podría generar un problema importante en el conjunto de la economía nacional.
En segundo lugar, Banco de España le recuerda que España debe reducir su nivel de endeudamiento público, que ronda el 100% del PIB. Esa cifra es peligrosamente elevada, máxime cuando se está entrando en una zona de desaceleración y una caída de la economía que nos produjese nuevos déficit públicos llevarían a la deuda a desbordar ampliamente el 100% del PIB. La reducción de deuda sobre el PIB del Programa de Estabilidad ni es suficientemente ambiciosa ni es creíble, al estar basada en un incremento del PIB nominal y en un incremento de la recaudación difícilmente alcanzables.
Por último, Banco de España recuerda al Gobierno que la reforma del sistema de pensiones es un tema que debe abordar para garantizar su sostenibilidad. La evolución del número de pensionistas es cada vez más elevado, y más que lo será al comenzar la jubilación de toda la generación del baby boom. Paralelamente, la disminución de la natalidad hará que en un futuro no muy lejano no haya suficientes activos para poder atender el sistema de reparto. Adicionalmente, la tasa de sustitución del salario es cada vez más elevada en las nuevas pensiones. Todo ello, presiona al alza el futuro gasto en pensiones.
Si a ello le añadimos que Sánchez ha renunciado a aplicar el factor de sostenibilidad y de equidad intergeneracional y ligar las pensiones, de nuevo, al IPC, contamos con un sobrecoste que Fedea ha estimado en más de 300.000 millones de euros.
En lugar de acometer una reforma que permita una transición dentro de una generación y media a un sistema de capitalización, asegurando mediante los Presupuestos Generales del Estado la pensión a los pensionistas actuales y a quienes no pueden ahorrar ya en un sistema de capitalización por razones de edad, y solucionar el problema estructural dentro del período de esa generación y media, al tiempo que incentivar un importante ahorro privado, nos encontramos con que el PSOE vuelve al IPC para incrementar las pensiones y aboga por que se nutra, cada vez más, de los Presupuestos Generales, pero sin reformar el sistema, de manera que no servirá para nada y empeorará más su sostenibilidad financiera.
Las advertencias de Banco de España son pertinentes y acertadas, pero no parece que el Gobierno, a juzgar por la reacción de Calviño, vaya a tomar nota y a aplicarlas. Las consecuencias de no hacerlo las sufrirán la economía española y todos los españoles.